Cuando escuchamos la frase "combatir el crimen", a menudo imaginamos el desplazamiento de las fuerzas policiales por zonas de riesgo y el trabajo de peritos de investigación. Por estos días, esa imagen es incompleta. 

Con el advenimiento de la Internet, diferentes aspectos en la sociedad han cambiado, entre ellos y lamentablemente, la criminalidad. Esta, ahora, emplea las diferentes herramientas que ofrece el mundo digital para perpetrar actos ilícitos.

A partir de esta nueva situación, en el 2001, el Consejo Europeo publicó un proyecto que buscaba equiparar las legislaciones de sus 48 miembros y de los países observadores para facilitar la lucha contra los cibercrímenes. Tres años después, The Convention on Cybercrime (ETS) entró en vigencia tras su firma en Budapest. 

En el preámbulo del convenio, se señala que el documento es necesario para "prevenir los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos, mediante la tipificación de esos actos". 

Así, propone a los firmantes mecanismos para combatir delitos como la falsificación y fraude informático, la pornografía infantil, entre otros.

Uno de los puntos más relevantes es el referido a la cooperación internacional, un factor clave para los ciberdelitos que como sabemos trascienden las fronteras de los países. 

"Las Partes cooperarán entre sí en la mayor medida posible, de conformidad con las disposiciones del presente capítulo, en aplicación de los instrumentos internacionales aplicables a la cooperación internacional en materia penal, de acuerdos basados en legislación uniforme o recíproca y de su derecho interno, para los fines de las investigaciones o los procedimientos relativos a los delitos relacionados con sistemas y datos informáticos o para la obtención de pruebas electrónicas de los delitos", dice el convenio en el artículo 23 del capítulo III. 

Esto -como apunta el abogado Erick Iriarte- ayudaría a las autoridades peruanas a entrar en el desarrollo de la informática forense, es decir, contar con peritos que sean capaces de analizar información en formato digital. 

Sobre este punto hay que recodar que muchos peruanos han sido víctimas de ciberdelitos. Así, en el 2015, La República reportó que solo en los primeros meses del año, se reportaron en Lima 148 denuncias por ciberdelitos entre los cuales destacaban transferencia fraudulenta (33%), pornografía infantil (17%) y suplantación de identidad (15%). 

El factor económico

Los ciberdelitos no solo afectan nuestra intimidad u honorabilidad. Existe, además, una afectación en el plano económico. Un informe de la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo -recogido por Gestión en setiembre del año pasado- señaló que la falta de una política de prevención de este tipo de delitos ocasionó que el país tuviera pérdidas económicas de más de US$ 4,000 millones. 

Lo más grave es que el cibercrimen genera mucho dinero. De acuerdo con Andrés Galindo, director de negocios y alianzas estratégicas de Digiware (empresa que se encargó de recopilar los datos del estudio), los ciberdelitos pueden tener un retorno de hasta 6350% a nivel global. 

"El ataque más relevante y exitoso es el que se da sobre usuarios privilegiados. Van a quienes tienen las claves maestras de las organizaciones, los suplantan digitalmente y con eso roban la información secreta y relevante de las cuentas", advirtió el directivo al diario especialista en temas económicos. 

Y el Perú, ¿para cuándo?

Además de los países europeos, el Convenio de Budapest tiene otros firmantes como Japón, Australia, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá (en total son 45 países). Los únicos países latinoamericanos que se han incorporado al convenio son República Dominicana y Panamá. Hace poco además, la Asamblea Nacional de Costa Rica aprobó su incorporación a este instrumento internacional para combatir la ciberdelincuencia. 

[Foto de portada: domesticatueconomia.es]

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