Los US$ 6'150,000 que OAS desvió del proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac se dio durante la negociación de la primera adenda al contrato con la Municipalidad de Lima, entre agosto del 2012 y marzo del 2013, cuando Susana Villarán era la alcaldesa de Lima, reveló este viernes La República, sobre la base a lo declarado por un testigo acogido a la delación premiada en Brasil que las autoridades peruanas ya evalúan.

Aunque por la modalidad que en que se pagaron los sobornos en Brasil y Perú, que se hacían a lo largo de la ejecución de una obra, es complicado saber por el momento si algún funcionario de la gestión de Villarán recibió coimas, más aún si el proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac estuvo plagado de irregularidades desde que se firmó el contrato inicial en 2009, en la anterior gestión del alcalde Luis Castañeda, hasta las modificaciones para el by-pass de 28 de julio, según se señala en el informe Pari.

La misma comisión Lava Jato del Congreso pasado advirtió que para la ejecución del proyecto se creó la empresa Línea Amarilla SAC, constituida el 6 de octubre del 2009 con un capital social de 2,900 soles. Luego se firmaría el contrato definitivo el 12 de noviembre del 2012, entre Gisselle Zegarra Flores, gerente de Promoción de la Inversión Privada de Lima en la gestión anterior de Castañeda, y Alfredo de Assis Ribeiro Filho, representante de OAS en Perú.

El 13 de febrero del 2013 se firmó la primera adenda al contrato que creó el fideicomiso de US$ 75 millones con un acta del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) para que que a partir de octubre del 2014 se ejecute las obras en la ribera del río Rímac (Río Verde). Esta adenda amplió la concesión de 30 a 40 años.

¿Qué dice el delator?

De acuerdo al testimonio del delator brasileño Roberto Trombeta, un día antes de que se firme la primera adenda (12 de febrero del 2013) se cancelaron los US$ 6 millones desviados del proyecto Vía Parque Rímac, dinero que se depositó en la cuenta de la empresa Kingsfield Consulting Corp, en el Banco Privado de Andorra.

Desde entonces, el dinero estuvo bajo el control de Alberto Youssef, representante de OAS. Youssef, en marzo de 2013, había enviado a cuatro colaboradores con dinero en efectivo para que lo entreguen a directivos de OAS Perú, representada en ese entonces por Leonardo Francassi Costa.

En el informe Pari se señala que OAS tan solo había invertido 192 millones de soles cuando, en octubre del 2013, la gestión de Villarán autorizó iniciar el cobro de peajes, pese a que la obra no estaba finalizada y no alcanzaba ni el 70% de su ejecución. Ya en octubre del 2015, la actual gestión de Castañeda firma una segunda adenda al contrato. Esta deja sin efecto la primera y desaparece el fideicomiso para ejecutar Río Verde para darle pase a la construcción del by pass de 28 de julio.

La investigación realizada por IDL-Reporteros y O Globo reveló, hace unos meses, las conversaciones por Whatsapp entre a abogada Giselle Zegarra, quien fuera gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima durante las dos primeras gestiones de Castañeda, y el ex presidente de la constructora brasileña OAS, José Adelmário Pinheiro Filho (o Léo Pinheiro), sentenciado a 16 años de prisión por el caso Lava Jato.

La publicación muestra cómo a través de reiterados mensajes entre ambos personajes acordaron la cancelación del proyecto Río Verde (contemplado dentro de Vía Parque Rímac) mientras la alcaldesa Susana Villarán aún se encontraba en funciones.

(Foto de cabecera: Municipalidad de Lima)

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