En el 2014, la empresa china MMG Limited compró la participación de Xstrata Copper en la minera Las Bambas en Apurímac a 7 mil millones de dólares. Desde ese momento, se activó el conflicto socioambiental en la zona debido a las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que, según las comunidades, se hicieron sin la debida consulta previa.

En Perú, las empresas chinas son cuestionadas por casos como el de Chinalco, que provocó el traslado de familias al reasentamiento llamado Morococha, donde se han presentado denuncias por problemas de salud de los habitantes. Para la ecuatoriana Paulina Garzón, experta en desarrollo sostenible, las inversiones chinas en nuestro país tienen "implicaciones sustanciales para el medio ambiente y las comunidades locales".

En una entrevista brindada a Gran Angular, Garzón, directora de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables para China-América Latina (IISCAL) de la American University de Washington, resalta que "desde la última década hasta el 2015, las inversiones directas chinas en América Latina ascendieron hasta los 125 mil millones de dólares".

Señala que "una cuarta parte de estas inversiones se dedica a actividades mineras" y advierte que "es una inversión bastante importante" que "tiene implicaciones sustanciales para el medio ambiente y las comunidades locales".

En el caso de Las Bambas, explica que "las comunidades no se oponen a la mina pero desde el principio han dejado clara su posición de que las cosas sean bien hechas con buenos estándares ambientales, que se hagan las consultas apropiadas y que los cambios estructurales del proyecto sean consultados con las comunidades".

Garzón hace referencia a lo ocurrido en el 2015, cuando los comuneros de las provincias de Cotabambas y Grau afirmaron "desconocer la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental por carecer de sustento legal y social" y protestaron para que estos cambios sean puestos a consulta previa, ya que se trata de comunidades campesinas.

"Pero esto no se ha dado", lamenta la especialista en inversiones sostenibles. Garzón reconoce que existen estándares ambientales y sociales de las autoridades chinas, pero señala que "lamentablemente, muchas de estas regulaciones no se están implementando o lo están haciendo de manera muy débil". "Las regulaciones ambientales y sociales aún no se han internalizado en las operaciones mineras chinas en la región", advierte.

El pasado 8 de febrero, el conflicto minero por Las Bambas se reactivó en Apurímac y aunque luego se logró un acuerdo que suspendió el paro indefinido, la preocupación de los ciudadanos es el riesgo de contaminación debido al paso de 450 toneladas de minerales que pasan en camiones por el territorio comunal. 

Como señala la especialista, ahora el gran desafío que tenemos de aquí en adelante es cómo lograr que aspectos como la consulta previa informada y la evaluación de los riesgos ambientales "se vuelvan parte de la práctica diaria de las empresas chinas".

En 2004, Xstrata Copper adquiere el derecho de explorar Las Bambas. Luego de una audiencia en Challhuahuacho, el EIA fue aprobado por el Estado en 2011, durante el gobierno de Alan García. Luego, Glencore adquirió Xstrata Copper y esta, a su vez, vendió su participación a la empresa china MMG Limited, lo que provocó modificaciones al EIA.

(Foto de portada: Agencia Andina)

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