La congresista Yeni Vilcatoma y la jefa del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe, han insistido en cuestionar el trabajo del Ministerio Público en la investigación sobre el caso Odebrecht, que confesó haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas.

Así, las exprocuradoras vienen aumentando la presión sobre la fiscalía para conocer el acuerdo preliminar que firmó con la constructora brasileña, a pesar de que el Ministerio Público ha señalado en varias ocasiones que es parte de la estrategia para que la empresa colabore con las investigaciones y que además es reservado.

“La declaración de Jorge Barata es un elemento revelador suficiente para que Graña y Montero sea incluida en la investigación preparatoria como persona jurídica investigada”, dijo Vilcatoma al diario Exitosa, luego que se revelara el testimonio del ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, en el que confirmó que las empresas socias de la compañía brasileña tenían conocimiento del pago de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo por la Interoceánica Sur.

La parlamentaria no ha perdido la oportunidad de acusar al fiscal Hamilton Castro Trigoso, encargado de la investigación que busca esclarecer los sobornos de Odebrecht a funcionarios peruanos, de encubrir a Graña y Montero al no incluir a esta empresa en las pesquisas, pese a que cuenta con las pruebas necesarias. Vilcatoma señaló que ante tales evidencias, Castro debió solicitar el embargo de los bienes de GYM, con el fin de que en el futuro pueda pagar una reparación civil al Estado peruano.

Príncipe, por su parte, ha requerido al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la información sobre el acuerdo firmado entre el fiscal Castro y la compañía brasileña, que hasta ahora se mantiene bajo reservada La presidenta del CDJE remitió -según el diario Perú21- un oficio Sánchez el 3 de febrero con el objetivo de que el Ministerio Público “aclare” o “realice las precisiones necesarias”, en el marco normativo del acuerdo preliminar suscrito con Odebrecht.

Luego de transcurrido casi un mes, el fiscal de la Nación no ha respondido al requerimiento de Príncipe. De esta manera se mantiene la posición de Sánchez y Castro, quienes informaron en una conferencia de prensa, el pasado mes de enero, que venían negociando con la firma brasileña la suscripción de un acuerdo preliminar –que supone la terminación anticipada para las personas jurídicas– y el compromiso de Odebrecht de entregar 30 millones de soles por concepto de adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas.

“Hay que ser bastante cuidadosos. No es, como se afirma fácilmente, que el fiscal tiene que entrar a una empresa, romper las puertas y sacar las cosas. Hay que tener cuidado contra aquellos que cometen delitos y merecen cárcel de aquellos que no. El fiscal del caso planifica todas las actividades”, dijo Sánchez el pasado 18 de enero al comentar que la gente debe confiar en el trabajo que viene realizando el fiscal Castro .

La queja de Vilcatoma

La congresista Vilcatoma informó que la próxima semana presentará una queja ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público cuestionando la labor del fiscal Castro, por no incluir a las demás empresas del Consorcio CONIRSA (GyM, ICCGSA y JJC Contratistas Generales) en la investigación que tiene a su cargo.

(Foto de cabecera: RPP y El Comercio)

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