La ampliación del Decreto de Urgencia N° 003-2017, que "asegura la continuidad de Proyectos de Inversión para la prestación de Servicios Públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción", dejaría impedidas a más de 30 empresas investigadas por el caso Lava Jato -incluida Odebrecht- de contratar con el Estado y remitir sus ganancias y utilidades al extranjero.

Esta lista podría ampliarse debido a que en Brasil existen más de 285 empresas locales y multinacionales, con directivos detenidos o en proceso de acogerse a la delación premiada, relacionadas al megacaso de corrupción. Esto incluiría a otras empresas internacionales como Siemens (Alemania) o Telefónica (España) que se encuentran en investigación por delitos de esta índole, reportó este martes La República.

De acuerdo a la intención del Gobierno de combatir la corrupción -medida anunciada en el mensaje a la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski-, el DU 03-2017 señala que toda empresa condenada o que haya admitido actos de corrupción en forma directa o en consorcio, dentro y fuera del país, no podrá vender ni transferir sus bienes o utilidades al extranjero hasta que no pague el íntegro de la reparación civil al Estado peruano.

La norma alcanzará a empresas o personas jurídicas condenadas en las que, directamente o a través de sus representantes, hayan reconocido la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o ilícitos equivalentes cometidos en otros países en agravio del Perú.

También se aplicará a "cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea propietario de más del diez por ciento (10%) de las acciones representativas del capital social o tenedor de participaciones sociales o que directa o indirectamente participe en dicho porcentaje en la propiedad de esta, ya sea directamente o a través de subsidiarias".

Este es el caso de las siguientes empresas sancionadas o que se hayan acogido a la delación premiada en Brasil :

● Petrobras

● Odebrecht

● OAS

● Camargo Corrêa

● Andrade Gutierrez

● Toyo Setal

● Techint

● Alstom (grupo francés de transporte)

● BTG Pactual (corredora de bolsa)

● Rolls-Royce

● Queiroz Galvão

● UTC Engenharia

● Engevix

● IESA Óleo e Gás

● Mendes Júnior

● Galvão Engenharia

● Skanska

● Promon Engenharia

● GDK

● Carioca Christiani Nielsen Engenharia

● Schahin Engenharia

● Alumini Engenharia

● MPE Montagens e Projetos

● Tomé Engenharia

● Construcap

● WTorre

● Egesa

● Aratec Engenharia

● Eldorado Brasil

● Mossack Fonseca

● Jaraguá Equipamentos

● Sanko Sider

● Sete Brasil

Este lunes se oficializó el decreto de urgencia que busca asegurar el pago de la reparación civil al Estado de empresas que admitan actos corrupción -como la brasileña Odebrecht, que confesó pagos por US$29 millones en sobornos a funcionarios para ganar obras públicas en Perú, entre los que está el expresidente Alejandro Toledo, según la fiscalía- o que hayan sido sentenciadas por estos.

La normativa estipula que cualquier venta de un bien que quieran realizar estas empresas deben autorizadas por el Ministerio de Justicia y el valor de venta se constituirá en un fideicomiso. Además, los pagos que tengan que realizar en el Perú por una obra o concesión, luego de deducir gastos, también irán al fideicomiso para garantizar la reparación.

DATO

Según La República, para los fiscales, el decreto en mención del Gobierno puede ser un problema, porque –alegan– ninguna otra empresa brasileña querrá acogerse a la colaboración eficaz y delatar a sus cómplices, porque eso supone admitir un acto de corrupción y automáticamente le alcanzan las sanciones del mencionado dispositivo legal.

(Foto de cabecera: Diario Correo)

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