Mulero invitado: Alfredo Menacho Sánchez, gerente general de Wawasana.
En “La Estructura de las Revoluciones Científicas” (1962), el epistemólogo norteamericano Thomas Kuhn devela las condiciones básicas del crecimiento y desarrollo de la ciencia. A partir de toparse con una “experiencia anómala”, una en la que no se cumplen los previstos por la ciencia en un momento dado, los “científicos revolucionarios”, explican un fenómeno que la ciencia no logra entender con el instrumental conceptual o técnico con el que cuenta a la fecha. Kuhn denomina a este hecho, ruptura o ampliación del paradigma científico.
Igual es con las leyes. Las creamos para un momento dado y nos son útiles hasta que una nueva situación social, política o científica, nos obliga a revisarlas y adecuarlas.
El hecho es que el descubrimiento de la ciencia respecto a los importantes usos medicinales del cannabis y la rápida manera en que se viene legalizando en nuestro continente nos obligan a revisar el tema con nuevos ojos.
La requisa de algunos kilos de cannabis y el equipo para convertirlo en aceite en San Miguel –y las protestas que vinieron y vendrán- es un disparador para que el Perú, como ya otros de nuestros vecinos, se vea en la obligación ética, política y legal –cuando no económica- de revisar la legislación y adecuarla a una nueva realidad en la que la planta deja de ser únicamente “recreacional” para convertirse también en “medicinal”.
En 2015, Colombia, siguiendo el ejemplo de Chile, aprobó una ley que permite la siembra de cannabis para uso medicinal. Aprovechando la situación, PharmaCielo, un laboratorio colombo-canadiense, empezó a sembrar algunas hectáreas de cannabis para producir en Colombia concentrados que le costarían muchísimo más en Canadá. Las licencias no paran de solicitarse y otorgarse. El negocio de cannabis medicinal ya empezó en Colombia y la enorme demanda del norte ya empezó a cubrirse. Hoy es posible encontrar en Internet sitios europeos en los que un gotero de aceite de cannabis al 12% de CBD –el cannabinol que le da el efecto medicinal- cuesta la bicoca de 280 euros.
En otro lugar he mencionado la importancia de la legalización de cannabis en California, la mayor economía norteamericana. Se espera llegar a más de 25,000 millones de dólares anuales provenientes del negocio de la marihuana legal –recreacional o medicinal- para los siguientes 10 años en EEUU.
Así las cosas, nos parece más que lógico ubicarnos frente a la realidad científica, social, política y económica que tenemos al frente, e invocar al Congreso que adecúe nuestra legislación a la nueva necesidad-oportunidad.
Igual habría que hacer con la hoja de coca. Sin investigación científica suficiente, pero con 8.000 años de uso y docenas de virtudes comprobadas empíricamente, sigue esperando su momento. El mercado de la hoja de coca, según un estudio a mano alzada que hicimos con la gerencia de Estudios Económicos de Adex hace un par de años, sería de unos US$40.000 millones, en caso la planta fuera legalizada para su uso global y participara en un 5% de su mercado potencial global. Un estudio más acucioso nos daría muchísimo más en categorías tan variadas como bebidas y alimentos energéticos, sustitutos naturales del calcio, adelgazantes y controladores del apetito, saborizantes, desamargadores del cacao para la industria del chocolate, acrecentadores de la potencia sexual, antidepresivos naturales y un largo etcétera aún por entender a la luz de una investigación científica desprejuiciada. Y esto sin hablar de las soluciones sociales, culturales y políticas que una legalización como esta implicaría.
No he hablado aquí del dolor de los padres que ven a sus salvadores encarcelados y quemada la medicina que aleja a sus seres queridos del dolor y la enfermedad. Es fácil ponerse en sus zapatos. Si cualquiera de nuestros amados sufriera 300 convulsiones diarias, estuviera por perder totalmente la vista por glaucoma, o tuviera cualquiera de las enfermedades degenerativas sin solución moderna –como el Parkinson, el Alzheimer o la esclerosis múltiple- que cannabis alivia y cura, no lo pensaríamos mucho.
Y sin embargo, el hecho es que es ilegal. Entonces toca poner a derecho el Derecho y adecuarlo a la nueva, revolucionaria información que la ciencia y la sociedad nos están proporcionando y exigiendo. Es justo y necesario.
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