El caso Odebrecht sigue causando estragos en la clase política peruana. En la reciente encuesta de GFK, publicada por La República, se refleja que el escenario de corrupción que afecta, en principio, a los tres últimos gobiernos coincide con el rechazo y el descontento general de la gente hacia los políticos con aspiraciones presidenciales para el 2021.

Keiko Fujimori, Verónika Mendoza ni Julio Guzmán se salvan del sacudón que ha significado las revelaciones de la empresa brasileña el pasado mes de diciembre, cuando admitió haber pagado 29 millones de dólares en coimas a funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas en el país.

El más afectado es el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien ha tenido declaraciones ambiguas sobre este caso y ha sido salpicado por la controvertida adjudicación de la carretera Interoceánica Sur a Odebrecht durante el gobierno de Alejando Toledo, en el que fue ministro de Economía y premier. Según la encuesta, la aprobación del mandatario cayó 11 puntos en enero respeto al mes anterior. Es así como la aprobación de PPK bajó a 35% y su desaprobación aumentó hasta el 52%.

En este contexto de indignación popular generaliza que ha desatado el escándalo de Odebrecht es en el que se registran también las caídas del respaldo popular
en Keiko Fujimori, cuya popularidad pasa de 43% a 37%; Verónika Mendoza baja de 29% a 26%; y el de Julio Guzmán de 29% a 25%. 

Asimismo, la aprobación del gabinete ministerial disminuye y alcanza en enero un 26%; mientras que el 32% aprueba la gestión del titular del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y el 38% lo desaprueba.

Para Hernán Chaparro, gerente de GFK, el rechazo generalizado al caso Odebrecht lacera un campo frágil de soporte político. Además, subrayó que los sentimientos predominantes en la población en el 2013 frente a los juicios o cuestionamientos a expresidentes eran de “decepción, vergüenza y rechazo”, y esto se mantiene hasta ahora. 

En tanto, la analista política María Cecilia Pérez precisa que la población esperaba medidas de efecto inmediato tanto en el caso de las detenciones por el escándalo de corrupción en mención como en los decretos legislativos. "El efecto del caso Odebrecht lo está afectando y en la población existe inquietud. Pero, por otro lado, todavía no se ven los efectos de los decretos legislativos", manifestó.

Otro de los resultados que arroja la encuesta es que el caso Odebrecht es conocido principalmente por ciudadanos de sectores altos y medios de Lima. También es interesante ver cómo el gobierno de Alejandro Toledo es percibido como el menos corrupto, a pesar de las recientes revelaciones de los directivos de Camargo Correa. 

Por otro lado, la encuesta muestra también gran desconocimiento de la ciudadanía sobre los roles de cada poder del Estado, ya que asumen que es el Poder Ejecutivo el que debe aplicar la ley en los casos de corrupción y no el Poder Judicial.

Otras cifras de la encuesta

El sondeo indica además que la población respalda la iniciativa que establece los funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción no vuelvan a trabajar nunca más en el Estado (80%); asimismo que los abogados que busquen retrasar procesos judiciales sean sancionado(77%) y la reducción de la tramitología en la administración pública (73%).

(Foto de portada: Andina)

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