Jorge Henrique Simoes Barata, quien fue el hombre fuerte de Odebrecht en Perú hasta el 2016, es uno de los 77 directivos de esta empresa que se acogió a la delación premiada o colaboración eficaz en Brasil, según medios de este país.

¿Qué implica esto? Que como parte de ese acuerdo con las autoridades de su país, Barata debe declarar y aportar información y documentos relevantes para los fiscales peruanos que investigan las coimas que Odebrecht admitió haber pagado a funcionarios peruanos, entre el 2005 y 2014, por un monto de US$29 millones, así como en todas las indagaciones se inicien sobre este escándalo de corrupción.

Incluso, según señala La República, Barata estaría dispuesto a contar lo que ocurrió en el Perú entre el 2001 y el 2016, es decir, durante todo el tiempo que estuvo al frente de Odebrecht en nuestro país, lo cual implica que se amplíe el lapso de tiempo investigado hasta el momento por las autoridades peruanas, que se basa en el acuerdo de lenidad que la constructora brasileña firmó con el Departamento de Justicia de EEUU, que incluye al Suiza y Brasil.

La delación de Barata sobre los sobornos que se pagaron en el Perú, que incluiría detalles como quiénes los recibieron, para qué obras y cómo se entregaron, coincide con lo que anunció hace unos días el actual director ejecutivo de Odebrecht en nuestro país, Mauricio Cruz, en una entrevista precisamente con La República, en la que dijo que “la empresa va a entregar información a través de una o más personas que van a declarar".

Esta información sería parte además del acuerdo preliminar que la constructora brasileña suscribió con el Ministerio Público el 5 de enero último. Ello explicaría el hermetismo con el que Hamilton Castro, fiscal encargado del caso, y Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación, están manejando las pesquisas, pese a las crítica que han recibido por ello.

De hecho, la detención el fin de semana último de Edwin Luyo, exmiembro del comité de licitación del Metro de Lima, y el allanamiento de la vivienda del exviceministro de Comunicaciones del régimen aprista Jorge Cuba, los dos primeros acusados de recibir sobornos de Odebrecht, fue posible gracias a la información que ya habría entregado Barata. Los pagos a ambos, realizados entre julio del 2013 y abril del 2014, conforme el avance de las obras del Metro de Lima, se realizaron a través de cuentas de empresas offshore en Andorra y ascendieron a US$2.5 millones (2 millones para Cuba y 500 mil para Luyo).

La fiscalía peruana sostiene que hay personas de un mayor rango que los mencionados y con más influencia en el segundo gobierno de Alan García que también habrían recibido pagos ilícitos por el tren eléctrico. Se espera que esos nombres se conozcan en los próximos días, gracias a la información que irán entregando los colaboradores eficaces de Odebrecht y que los fiscales peruanos deben ir corroborando.

La defensa legal de Luyo anunció, tras la audiencia en la que el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para el exfuncionario, que su cliente evalúa acogerse a la colaboración eficaz, para que pueda revelar todo lo que sabe a cambio de algún tipo de beneficio que ayude a que caigan los peces gordos de toda esta corruptela en torno a la obra emblema del último gobierno aprista.

Barata no se callará nada

La información que revelarán Barata y otros ejecutivos de Odebrecht vinculados con obras ejecutadas en el Perú, permitirá que se conozcan detalles de la manera en que se pagaron los sobornos, a quiénes se pagaron, por intermedio de qué personas, cuáles fueron las cuentas que se utilizaron, las reuniones previas y posteriores a los acuerdos bajo la mesa y las empresas offshore que se formaron para ese fin.

Por ejemplo, se espera que la declaración de Barata permita dilucidar a la fiscalía cómo se pagaron las coimas por más de US$20 millones a funcionarios peruanos para la obtención de las obras de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, entre el 2005 al 2008, periodo que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García.

Asimismo, brindará más información sobre los más de ocho millones de dólares pagados en coimas por los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima a funcionarios del último gobierno aprista.

Para recoger estos testimonios y recabar pruebas y documentos, los fiscales peruanos tienen previsto viajar a Brasil, donde las delaciones en el marco de la operación Lava Jato están en una etapa incierta, tras la repentina muerte del juez supremo relator del caso, Teori Zavascki, en un accidente aéreo.

(Foto de portada: Andina)

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