La primera ministra británica, Theresa May, no podrá ejecutar el Brexit que se decidió en un referéndum tal como lo tenía pensado. En un fallo histórico, la Corte Suprema del Reino Unido, el máximo tribunal judicial de Gran Bretaña, ordenó en segunda instancia que el Gobierno necesita la aprobación del Parlamento para iniciar el proceso de salida de la Unión Europea (UE) y activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa.
La líder conservadora siempre defendió la idea que la potestad de empezar la separación de UE solo pertenecía al Gobierno. Incluso, May programó el aviso de carácter oficial a Bruselas sobre su intención de abandonar el bloque a finales de marzo de 2017. Sin embargo, la Corte Suprema ratificó el fallo en primera instancia que le da la posibilidad a los parlamentarios de corregir o enmendar los planes del Ejecutivo.
Este revés del Gobierno ocurre luego de que los jueces supremos del máximo tribunal británico escucharan los argumentos de un grupo de ciudadanos británicos que se oponen al Brexit, encabezados por Gina Miller, filántropa de la City y propietaria de una empresa de inversión, y Deir dos Santos, un peluquero, quienes comparecieron en el proceso el 4 de noviembre del 2016.
La ratificación de la sentencia en primera instancia se confirmó con solo tres votos en contra de los 11 magistrados de la Corte Suprema, instancia a la que May recurrió en busca de revertir el fallo de primera instancia. Esta decisión judicial, firme y definitiva, llega una semana después de que la primera ministra presentara en Londres su plan de ruptura radical con la UE y complica el panorama legal para llevar adelante este proceso tal como estaba pensado.
El objetivo de la primera ministra, de aplicar el Brexit sin demoras y dilaciones, es sacar del todo al Reino Unido del mercado único europeo, el mayor bloque de libre comercio del mundo, para recuperar el control total sobre la inmigración y su economía, pero ahora, con este fallo sin precedentes, los planes del Gobienro podrían verse entorpecidos.
Por su parte, la demandante Gina Miller declaró que “solo el Parlamento puede garantizar derechos a los británicos y solo el Parlamento puede quitárselos", luego de conocer el resultado final a su petición.
A su turno, el fiscal general británico, Jeremy Wright, sostuvo que la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre el tema de fondo, que es la salida de Reino Unido de la UE y que "los ciudadanos ya decidieron en un referéndum", sino sobre la forma en que se realizará el proceso de salida. Pero admitió que se trata de un revés para la administración de May. "Vivimos en un país en el que todos, incluido el Gobierno, estamos bajo el imperio de la ley".
En el caso de los diputados, pese a que la mayoría de ellos no están a favor de las radicales medidas de May, no se espera que usen esta oportunidad para bloquear el Brexit por completo e ir en contra de los deseos de los británicos, pero sí lograr medidas para conseguir una salida menos agresiva.
El 23 de junio de 2016, los británicos decidieron abandonar la UE a través de una consulta popular, con un 52% frente 48%.
(Imagen de portada: agencia Efe)
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