Desde el 2008, la Fiscalía de la Nación tenía conocimiento del accionar ilícito de Odebrecht en el Perú. Al menos así se desprende de una denuncia bien documentada que en ese año hizo Pedro Morote Cornejo, un excolaborador del empresario peruano Gonzalo Monteverde, cuyas empresas son investigadas ahora por la fiscalía por ‘blanquear’ el dinero que la constructora brasileña usaba para el pago de coimas y así adjudicarse obras públicas en nuestro país. La historia la cuenta el portal de investigación Convoca.pe.

Miguel Gutiérrez, autor del reportaje, conversó con Morote, quien sostiene que los documentos que presentó en 2008 probaban que dos empresas de Monteverde recibieron transferencias de dinero de Odebrecht por US$7.964.152 por un servicio prestado en un tramo de la carretera Interoceánica Norte que era un contrato simulado para no pagar los impuestos.

Ese es el esquema que, precisamente, ahora indaga el Ministerio Público, gracias a la información aportada por las autoridades brasileñas del caso Lava Jato, que pusieron al descubierto los métodos corruptos de Odebrecht para ganar contratos de grande obras públicas en Brasil y en varios países de la region, como el Perú.

La denuncia en mención se paseó por varias instancias del Ministerio Público, no solo sin que nadie hiciera nada, sino que cuando alguien trataba de hacerlo, de inmediato lo frenaban. En esa época en que Morote Cornejo puso en evidencia por primera vez estos hechos en el Perú, Alan García estaba en el poder y la fiscal de la Nación era Gladys Echaíz, cuyo esposo es militante aprista.

La primera fiscal que tuvo en sus manos la denuncia fue María Alcalde Pineda, especializada en delitos tributarios. Un año y medio después de marchas y contramarchas, la magistrada archivó el caso, basándose en dos informes de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat). ¿Qué decía este documento? En sus conclusiones señala que no había “mérito suficiente” para “elaborar un informe sobre defraudación tributaria” al consorcio liberado por Odebrecht y a la Constructora Área de Monteverde, revela Convoca.

Sin embargo, Morete insistió y volvió a presentar la denuncia, esta vez ante la 17 Fiscalía Penal Provincial. Ese despacho estaba a cargo de César del Pino Aguilar, quien abrió en abril del 2010 una investigación por lavado de activos a Gonzalo Monteverde. Pero se dio una sorpresa cuando apenas iniciaba las pesquisas.

La defensa legal del empresario presentó una queja a través del despacho de la entonces titular del Ministerio Público, Gladys Echaíz. En el recurso, Monteverde alegaba que el caso ya había sido archivado. Pero como esta vez era por lavado de activos y no por delitos tributarios, la investigación continuó, aunque por poco tiempo más.

“¿Por qué tanto salto si el piso estaba parejo? ¿Por qué Gonzalo Monteverde no se presentaba y aclaraba esos millones? Yo pedí que esa indagación pasara a manos del equipo policial del Ministerio Público. Allí, en el cuarto piso del edificio, estaría más cerca a mi despacho”, le cuenta a Convoca el mismo Del Pino.  

Un personaje clave

Las presiones sobre el magistrado en mención volvieron. Por un lado, con una queja en control interno por un supuesto abocamiento indebido al caso y, por otro, con un cheque en blanco en el que le dijeron que ponga la cifra que se le antojaba para archivar la investigación a Monteverde. Según revela Del Pino, él conocía a las personas que se acercaron a su despacho para hacerle ese ofrecimiento, alegando que temían que se ventile operaciones bancarias que podían afectar a Odebrecht.

“En ese período, van a verme personas haciéndome insinuaciones respecto al caso Monteverde. Gente que tenía cercanía conmigo y que habían trabajado con el Gobierno (de Alan García) y que yo los había ayudado en algún momento. Uno de ellos era el ahijado de mi padre”, explica el hoy exfiscal, quien dejó el Ministerio Público a raíz de este tema.

Del Pino no quiso revelar la identidad de ese último personaje, pese a la insistencia de Miguel Gutiérrez, periodista de Convoca, quien le preguntó a boca de jarro si se trataba del aprista Luis Nava Guibert, secretario de Palacio en ese momento. “No era Lucho Nava, a quien conozco, pero sí alguien cercano a él”, admite Del Pino.

Pero si Del Pino no quiso decir nombres, sí lo hizo el denunciante Morote, quien afirmó que esa persona a la que se refiere el ahora exfiscal es el abogado José Mainza Segovia. “Sí, supe que ‘Pepe’ Mainza Segovia se acercó a conversar con el fiscal por el Caso Monteverde. Yo lo conozco”, le dice a Convoca Morote, quien incluso señala que él se lo presentó a Monteverde.

La relación de Nava Guibert y Mainza Segovia se remonta al primer gobierno aprista. No eran militantes, pero en esa época el joven mandatario Alan García los nombró presidente y gerente general, respectivamente, de la desaparecida Mutual Vivienda Perú, una entidad estatal que fue acusada de malos manejos y de repartir créditos de forma indebida. Ambos fueron investigados y procesados por corrupción durante el fujimorismo. Mainza incluso estuvo preso unos meses, pero salió libre por exceso de carcelería sin sentencia. Al final, fueron absueltos por la justicia. Mainza siguío vinculado a Nava Gilbert a través del estudio de abogados que este último tiene.  

Monteverde y su actual socia Isabel Carmona Bernasconi no quisieron dar sus descargos sobre la participación de Mainza en este caso cuando fueron contactados por Convoca, pero sí publicaron recientemente en un sitio en internet que crearon para ello, documentos en los que acusan al denunciante Pedro Morote de chantaje. Y José Mainza Segovia, coincidentemente, es uno de los que afirmó que, en el 2008, Morote le pidió apoyo para exigirle dinero a Monteverde a cambio de no denunciarlo.

Antes de que renuncie del Ministerio Público, acusando presiones del gobierno aprista y de la misma fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, Del Pino envió el expediente Monteverde-Odebrecht al fiscal superior decano Gonzalo Chavarry Vallejos, actual fiscal supremo. Este lo derivó a la 50 Fiscalía Provincial Penal, a cargo de Nelly Millones Palmadera, quien finalmente lo archivó.  

Morote sostiene que la fiscal Millones alegó, para justificar su decisión, que su denuncia por lavado de activos de 2010 era la misma que presentó por evasión tributaria en 2008 y, como esta fue rechazada por la otra instancia, ello procedió igual.

El tercer y último intento de Morote fue ante las fiscalías especializadas en Criminalidad Organizada. Pero fue en vano. Esta instancia, al igual que las otras, archivó la denuncia basándose en informes de Sunat emitidos en 2009. María Maguiña Torres fue la fiscal superior adjunta en lo penal la que refundió de forma definitiva el expediente. Poco después, esta magistrada fue destituida por archivar el caso de lavado de activos contra los Sanchez Paredes.

Pero los tiempos parecen haber cambiado. La invetsgación a Odebrecht y las empresas de Monteverde se tuvo que rebarir gracias a los testimonies y documentos que obtuvieron las autoridades brasileñas que investigan el caso Lava Jato. 

De hecho, gracias a esta información es que el fin de semana último se ejecutó el primer operativo en Perú por este tema. Y fue justamente por los sobornos que pagó Odebrecht durenta el segundo gobierno aprista. La fiscalía cree que los pagos ilícitos para adjudicarse los tramos 1 y 2 del Metro de Lima, también conocido como tren eléctrico, superan los US$7 millones. Por ahora solo tienen evidencia de depósitos por US$2,5 millones, y están tras el rastro del resto del dinero, que habría llegado incluso a políticos y funcionarios de primera línea del Apra. Pronto se sabrá.

Puedes leer aquí el reportaje completo de Convoca.

Notas relacionadas en LaMula.pe:

Gobierno peruano retira concesión del Gasoducto Sur Peruano a consorcio de Odebrecht

Odebrecht: las frases de Edwin Luyo que pondrán a temblar a más de un pez gordo

Cornejo sobre coima a su exviceministro: "No puedo admitir responsabilidad política"