La corrupción mueve más dinero de lo que aparenta. Lo declarado por los ejecutivos de Odebrecht a la justicia estadounidense acerca de las cantidades millonarias usadas para coimear a funcionar públicos en distintos gobiernos de Latinoamérica, para beneficiarse con megaproyectos de infraestructura, evidencia en parte ello.
En el 2014, el sondeo Barómetro de las Américas de LAPOP reportó que 10 de cada 100 peruanos cree que el principal problema del país es la corrupción. Al cierre del 2015, de acuerdo a la Contraloría General de la República, el costo de la corrupción para el Perú era aproximadamente de S/ 12.600 millones, sin contar lo que se pierde por ineficiencia estatal.
Ahora sumémosle lo siguiente...
Este martes en el diario Gestión se publicó un reporte sobre cómo el dinero bajo sospecha de lavado de dinero por delitos contra la administración pública superan al que está vinculado con el blanqueado proveniente del narcotráfico y de la minería ilegal.
Entre enero del 2007 y noviembre del 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió 142 Informes de Inteligencia Financiera (IIF) en los que suman US$1.131 millones que procederían del lavado de dinero relacionado con corrupción pública.
De acuerdo al medio citado, de ese monto US$903 millones se circunscriben únicamente al periodo noviembre 2014 - noviembre 2016, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Por narcotráfico se sospecha lavado de dinero por un monto de US$253 millones y por minería ilegal, US$105 millones.
La corrupción daña el clima de negocios, los bolsillos de los ciudadanos, la calidad de los servicios contratados por el Estado, los incentivos de competencia, repercute en la poca confianza que tiene la ciudadanía frente a los funcionarios públicos, así como otros aspectos.
Para Gestión, Carlos Hamann, de Hamann & Albrecht Abogados Consultores sostuvo que la gran corrupción está relacionada principalmente con las obras públicas, aquellas que pasan por procesos estatales. El experto considera que el monto de lavado de dinero por el delito contra la administración pública es mayor que el calculado.
"Los montos son mucho mayores, pues el porcentajes de casos que va a la UIF todavía es muy bajo frente al volumen de lavado de activos que hay en el país", afirmó.
Así lo informa el periodista Marco Alva del diario citado sobre la modalidad en que se lavan los fondos por corrupción en licitaciones.
"La UIF ha identificado una modalidad usada en el país para lavar fondos vinculados a la corrupción en licitaciones públicas. En esta, un funcionario favorece a una determinada empresa en una licitación. Después de que la empresa obtiene la buena pro y durante la ejecución del contrato se consideran prestaciones adicionales que no estaban estipuladas en el contrato inicial, y se incremente así el presupuesto mediante la inclusión de adendas".
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