Tras una maratónica jornada judicial, la jueza Giovana del Pilar Marcelo Reyes, del Juzgado Penal de Lima Norte, liberó a las 29 personas restantes de los 55 detenidos, a raíz de los disturbios producidos en la segunda marcha en contra del cobro del peaje ubicado cerca del kilómetro 25 de la Panamericana Norte. Recordemos que los otros 26 fueron liberados el pasado 15 de enero.  

Esta madrugada, Cruz Silva del Carpio, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó en su cuenta de Facebook que la magistrada abrió proceso penal a las 29 personas mencionadas que tendrán que afrontar en libertad bajo comparecencia. Y en el caso de un ciudadano, se dispone una caución de S/ 1,000 que deberá pagarse en un plazo de 20 días.

Cabe mencionar que durante los últimos días se denunció que vecinos de la zona, que no habrían participado de los actos violentos, habían sido detenidos por miembros de la Policía Nacional. De hecho, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) publicó una lista de 17 personas que habían sido detenidas sin aparente motivo.

En ese contexto, esta mañana, LaMula.pe conversó con la abogada Mar Pérez de la citada organización para conocer más detalles sobre las liberaciones. A entender de la abogada de la CNDHH, Gladys Liliana González Obando, fiscal a cargo del caso, ha tenido una cuestionada labor. “En el caso de 25 personas, por ejemplo, ni siquiera detalló en su denuncia de qué se les acusaba, ni cuáles eran las pruebas contra ellos”.

A su vez, denunció que a uno de sus patrocinados “le sembraron una botella rota”. A otro de ellos, el ciudadano sudafricano Nicholas Johannes Joubert, quien no domina el idioma español, se le acusó de lanzar arengas. “Se han encontrado muchas irregularidades en las actas policiales de las detenciones”, apuntó. En esa línea también recordó el caso de Lia Valderrama, quien según el parte policial, “estaba lanzado piedras” antes de ser “detenida por una agente”, lo cual no se ajusta a las imágenes que se difundieron en la prensa y en las redes sociales. Recordemos que la comunicadora social fue detenida luego de denunciar, cuando era entrevistada por un reportero televisivo, que agentes policiales reprimieron y dispararon al cuerpo de los ciudadanos que están en contra del peaje de Rutas de Lima. 

Otro caso caso emblemático es el de Ana María Olivas Núñez. El pasado 12 de enero, día en que se produjo la segunda marcha contra el peaje de Puente Piedra, salió a buscar a uno de sus cinco hijos. Cerca del mediodía, subió al puente peatonal ubicado cerca de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional. Desde ahí vio como detenían a su hijo. Inmediatamente calificó a los agentes de abusivos y pidió que liberaran a su hijo. Los policías, al percatarse de su presencia, la detuvieron. Sin embargo, en el parte policial se anotó que la detenida lanzó piedras y botellas e insultó a los agentes. Olivas, tras leer esa información, se negó a firmar el acta.

Por otro lado, Pérez subrayó la CNDDHH no está en contra de que se procesen a las personas que podrían estar involucradas en actos violentos, pero las acusaciones fiscales deben estar debidamente sustentadas.

"Nosotros estamos de acuerdo con que personas que han alterado el orden público, deben ser responsabilizados, pero no deben seguir su proceso en prisión. Lo que la ciudadanía tiene que entender es que la prisión preventiva es una medida excepcional. Estamos hablando de personas que trabajan, estudian, que tienen familia y domicilio conocido. No se puede enviar a estas personas a la cárcel”, explicó a este portal. 

[Foto de portada: Andina ]

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