Como se preveía, la revisión en el Congreso de los 112 decretos emitidos por el Ejecutivo al amparo de las facultades legislativas que le concedió ha vuelto a ser un foco de tensión entre el fujimorismo y el Gobierno. Esto se puso de manifiesto el jueves, durante la sesión de la Comisión de Constitución a la que acudieron el primer ministro Fernando Zavala y los titulares de las carteras de Economía, Salud, Vivienda, Justicia, Interior y Energía y Minas.

Pese a las explicaciones del jefe del gabinete y los otros ministros, en la sesión hubo muchas críticas y cuestionamientos, no solo de Fuerza Popular, pero es el fujimorismo, que controla el Parlamento, el que ya volvió a trazar la línea ante un gobierno que llega a estas instancias debilitado y sin saber articular una respuesta política, como en el caso de la censura gratuita al exministro Jaime Saavedra. 

El congresista Segundo Tapia no solo reiteró el rechazo de Fuerza Popular a los decretos referidos al sector Salud, porque considera que exceden las facultades otorgadas o transgreden la Constitución, sino que fue más allá y planteó que "esta comisión debe dejar de lado todos estos decretos".

¿A qué decretos se refiere el fujimorista? En total son nueve normas vinculadas al sector Salud, pero de estas son dos las que están en la mira: una es el que dispone que el Instituto Nacional de Enfermedades  Neoplásicas (INEN) vuelva a depender del Ministerio de Salud. "Nadie le ha dado facultad [al Ejecutivo] para legislar en temas de salud", sentenció Tapia.

El otro decreto muy cuestionado es el que traslada la facultad de fiscalización y control de productos cosméticos que tiene la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). ¿La razón? Según los congresistas de Fuerza Popular Héctor Becerril y Rosa Bartra, esa norma es ilegal porque viola el artículo 59 de la Constitución, al atentar contra la salud pública.

Tanto el jefe del gabinete como la ministra de Salud, Patricia García, volvieron a defender la legalidad de los decretos emitidos y reiteraron que no habían excedido las facultades, porque estas contemplaban la posibilidad de optimizar los servicios al ciudadano que prestan las entidades públicas. García agregó que el objetivo de retirar la supervisión de productos cosméticos a la Digemid era para que focalice su labor en los medicamentos.

Así y todo, el ánimo del fujimorismo parece estar más cerca a ese alarde de poder que el oficialismo no contestó en el caso de Saavedra. Incluso, ya hay voces en la bancada naranja que piden la renuncia de la titular de Salud. 

"No hay ánimo a priori por anular estos decretos, queremos que estos decretos estén al servicio del pueblo, pero eso no está pasando", dijo el legislador Becerril. "Hemos desperdiciado una buena oportunidad para conocer el sustento técnico de los decretos legislativos", lo secundó su colega de bancada Úrsula Letona, quien es titular del subgrupo de trabajo de la Comisión de Constitución encargado de revisar los decretos del Ejecutivo, cuya labor -según anunció- tiene un avance del 30%.

La legisladora agregó que si algún decreto es inconstitucional, este pasará a la referida comisión y luego corresponderá al Pleno del Congreso declarar la posible ilegalidad de la norma y derogarla.

DATO

- De los 112 decretos promulgados por el Ejecutivo, solo 35 requieren de una reglamentación obligatoria, según Fernando Zavala, quien agregó que ya existe un cronograma y un equipo de personas trabajando en el tema.

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