Con el revuelo que ha desatado el caso Odebrecht en el Perú y el alboroto de las fiestas de fin de año, han pasado casi desapercibidos unos decretos referidos al sector Salud emitidos por el Gobierno al amparo de las facultades, de los cuales uno en principio -el Nº 1305- ha disparado las alarmas, porque resta importantes funciones al Ministerio de Salud (Minsa) y le quita autonomía al INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas), al devolverle la categoría de un hospital más.
Un primer cuestionamiento está referido a la legalidad de los dispositivos, ya que el tema de salud no está incluido entre las materias autorizadas por el Congreso para que el Ejecutivo legisle. Pero en este caso, han sido incluidos en el paquete de medidas sobre reactivación económica y formalización.
"En el campo legal de la acción pública, los funcionarios están impedidos de hacer lo que la ley no autoriza expresamente. La Ley 30506, que delega al Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias, no incorpora expresa ni taxativamente la materia salud", dijo Alexandro Saco, coordinador de Foro Salud, a Lamula.pe.
la ministra garcía tiene la palabra. y los congresistas también.
Alarma en el INEN
El segundo cuestionamiento son los alcances de los dispositivos emitidos. Así, el decreto 1305, promulgado el 30 de diciembre, ad portas de las celebraciones de Año Nuevo, en una de sus disposiciones, establece que el INEN regresa al Minsa. O sea, este establecimiento que atiende a los pacientes con cáncer del país ya no tendrá la categoría de Organismo Público Descentralizado sino la de un hospital más del Ministerio de Salud.
¿Qué implica esto? "Primero que el INEN ya no tendría autonomía, sus acciones tampoco tendrían alcance nacional. Eso se significa que todo lo avanzado en los últimos 10 años, en capacitaciones para estandarizar los tratamientos de calidad, se perdería. Lo otro es que, conociendo la burocracia del Minsa, si tuviéramos que comprar medicamentos de urgencia, tendríamos que esperar la anuencia de las diferentes instancias del sector. Eso nos resta eficiencia", nos dice una fuente del instituto especializado.
En el INEN no se explican cómo es que el Ejecutivo ha podido emitir una norma de este tipo. Prefieren creer que el presidente ha sido sorprendido, pero lo cierto es que el decreto en cuestión no solo atenta contra la autonomía y la eficiencia del INEN, sino también afectaría el llamado Plan Esperanza, que ha permitido que se incrementen la cobertura y las atenciones del INEN en los últimos 5 años. "Hemos pasado de unas 20 mil atenciones en años anteriores a 66 mil quimioterapias entre adultos y niños en la actualidad", resaltó en noviembre pasado la jefa del instituto, Tatiana Vidaurre.
Alexandro Saco va más allá, y denuncia que hay varios intereses subalternos detrás de esta decisión de restarle autonomía al INEN. Uno de ellos, según dijo, tiene que ver con la red oncológica que se está implementando en el interior del país, a la que se oponen las direcciones regionales de Salud. El otro es la Torre de la Esperanza, infraestructura de última generación que se construirá en la sede central del INEN, que ya cuenta con presupuesto aprobado y todo. De acuerdo con el representante de Foro Salud, empresas como AUNA -red de clínicas y centros médicos privados- y Oncosalud se oponen a esta obra.
¿Qué pasa en el INS?
El decreto 1305 también afecta al Instituto Nacional de Salud (INS), que es la instancia encargada no solo de proponer políticas y promover la investigación científica-tecnológica en el ámbito de la salud pública, sino también le plantea al Minsa los lineamientos a aprobar en materia de medicamentos. Pero el dispositivo legal en entredicho modifica el artículo 32 de la Ley del Minsa y elimina los seis centros nacionales del INS que desarrollan y difunden investigación en el país.
Uno de estos centros que desaparecerá es el de Productos Biológicos, el cual es clave para la salud pública, porque es la que regula y fiscaliza los medicamentos biológicos, necesarios para el cáncer y enfermedades autoinmunes.
El exministro de Salud Óscar Ugarte alertó que esta medida podría evitar que al país ingresen los biosimilares, que tienen un costo menor al de los medicamentos de marca. "La mayoría de gente que necesita biológicos se asegura a Essalud o al SIS. El 98% los adquiere el Estado. Si no hay un control para biológicos, se les deja el terreno libre a las grandes farmacéuticas y sus monopolios", advirtió, citado por La República.
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