La vida de la Ley Universitaria (Ley 30220) ha llegado a un momento, a temprana edad, en el que requiere algo más que la defensa y publicidad de sus aciertos y logros. El Ministerio de Educación (Minedu), el principal promotor de esta norma, es más que consciente de que existen sectores políticos, civiles y estudiantiles que tienen críticas y justificaciones a las mismas.
Puede interpretarse que evidencia de ello es la reunión que el Minedu organizó para este 4 de noviembre en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Docentes, rectores y estudiantes, junto a representantes del Consejo Nacional de Educación, discutirán sobre las mejoras que la ley necesita. El ministerio, de acuerdo a un comunicado de prensa, quiere que el evento se replique en las regiones.
Prueba de que la norma promulgada el 8 de julio de 2014 ha estimulado algunas insatisfacciones -o que ha generado nuevas demandas- es la información que compartió el diario Gestión días atrás. Hay pues seis iniciativas para modificar la Ley Universitaria. Éstas se debatirán la próxima semana.
tomado de diario gestión del 31 de octubre de 2016.
De esas seis, la propuesta que mayor alarma ha generado y a la que acusan de querer desvirtuar los lineamientos centrales de la Ley Universitaria, es el proyecto de ley del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén (proyecto 469-2016). Este proyecto que modificaría nueve artículos de la Ley 30220 tiene un principio rector detrás -en todo caso, su interpretación-: la autonomía universitaria es lo que debe prevalecer.
La Ley Universitaria, uno de los ejes de la reforma de la educación superior, promovida por la gestión de Ollanta Humala de la mano de la exministra Patricia Salas y del hasta ahora ministro Jaime Saavedra, ha enfrentado una serie de ataques, hasta hoy: un pedido ante el Tribunal Constitucional para declarar su inconstitucionalidad, proyectos para extender el mandato de rectores cesados por las disposiciones de la 30220, la resistencia en los cargos de los conocidos rectores 'rebeldes', etc.
El jueves la Comisión de Educación del Congreso emitió un dictamen en el que recomienda al Pleno del parlamento aprobar el proyecto del congresista aprista, lo que dejaría "sin efecto todas las normas aprobadas por la Sunedu o el Ministerio de Educación y todos los procedimientos en trámite".
dictamen de la comisión de educación sobre el proyecto 469 2016 de velásquez quesquén
Recordemos que el presidente de dicha comisión, el congresista por Fuerza Popular, Lucio Ávila, ha sido un opositor a la Ley Universitaria, y cuando ha tenido la oportunidad de comentarlo, ha dicho que la norma requiere mejoras. Esta vez solo ha requerido recibir la propuesta de un aliado y en menos de dos meses darle el visto y bueno.
Vemos pues las limitaciones en los intentos tardíos del Minedu de canalizar el descontento de distintos sectores con la Ley 30220. La falta de operadores políticos en el nuevo Parlamento, además de la insoslayable mayoría fuerzapopulista en el parlamento, terminarán por concretar aquello contra lo que muchos lucharon.
Pese a ello, veremos cuál será la reacción del enorme sector estudiantil y de todos los grupos de la sociedad civil que estuvieron desde el principio, con argumentos, a favor la Ley 30220.
Un proyecto menos democrático
Como ya lo ha expuesto el director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) Ricardo Cuenca, el proyecto 469-2016 significa un retroceso en la reforma de la educación superior universitaria y la construcción de condiciones básicas para la calidad de las universidades públicas y privadas.
En su artículo "Proponer para retroceder", Cuenca explica que, aparte de la débil exposición de motivos de la iniciativa, el proyecto "desaparece" al Ministerio de Educación de la reforma, elimina el concurso público para la conformación del consejo directivo de Sunedu (adiós meritocracia) y desbarata el licenciamiento para la oferta universitaria existente -lo que aseguraba la regulación de los estándares mínimos de calidad-.
Por su parte, el exrector de la UNMSM y vicerrector de la UARM, Manuel Burga, criticó también parte de la exposición de motivos del proyecto de ley, por el cual se sostiene que la autonomía viene de los inicios de la creación de las universidades en Occidente.
En conversación con LaMula.pe, Burga sostiene que el concepto de autonomía, tal como lo conocemos, empezó con la reforma de Córdoba, iniciada en 1919 y culminada en 1983, y que se concretó en la ley 23733, no como lo expone la propuesta de Velásquez Quesquén. "La universidad nació en el ámbito de la monarquía y del Vaticano. Recién en el siglo XX aparece el concepto de autonomía", comenta.
Si bien Burga es un defensor de la autonomía universitaria, consideró que la autonomía no debería servir como pretexto de otros intereses. "La universidad tienen la libertad de crear especialidades, pero tienen que rendir cuentas, demostrar que esa es una buena decisión. Allí hay un nivel de regulación".
"Las universidades públicas tienen un presupuesto del estado y rinden cuentas; que se perfeccione, que se fomente la autonomía, pero cambiar la ley para volver al sistema anterior creo que sería un error. La Ley 30220 nace de una necesidad sentida por la población y por todas las comunidades universitarias y ante la multiplicación mercantilista de las privadas", afirma.
Por último, crítico la propuesta de que el consejo directivo de la Sunedu esté conformado por tres docentes de universidades públicas y tres docentes privadas -parte del proyecto aprista-, mientras que en la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR) estaba conformada, por todos los rectores de las universidades del país. "El sistema es menos democrático que la ANR", sostiene.
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