Este jueves, apareció -en la edición impresa de El Comercio- un pronunciamiento firmado por juristas y constitucionalistas en el que señalan la existencia de un "grave conflicto que subsiste entre las universidades y la entidad administrativa dependiente del Ministerio de Educación, Sunedu, por la desproporción de sus competencias con relación a la aplicación de la Ley Universitaria". 

Los juristas consideran que la Sunedu "ha establecido un serie de medidas arbitrarias, que sobrepasan sus funciones". Afirman también que con la mencionada Ley se está vulnerando la autonomía universitaria, que -según ellos- radica en la decisión de "haber sujetado las universidades al Ministerio de Educación, con la creación de la Sunedu". 

Sobre los plazos para elegir a las autoridades universitarias, los juristas recuerdan que en la resolución aclaratoria del Tribunal Constitucional sobre el caso de la Ley Universitaria, "nunca se señaló una fecha de cese". Al respecto, recordemos las palabras exactas del órgano de control de la constitucionalidad: 

"La sentencia no establece, ni puede establecer, un plazo para la elección de las nuevas autoridades o cuál es la fecha límite para el reemplazo de las que se encuentran en ejercicio". 

Entonces, ¿cuál es el ente que tiene la capacidad para hacerlo? La respuesta la otorga la propia Ley 30220, la misma que fue declarada constitucional por el TC. 

"La SUNEDU es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento". 

Uno de los aspectos medulares de la Ley aprobada en el 2014 es el gobierno de las universidades, la cual radica en la elección de las autoridades académicas. La norma indica que el voto debe ser universal, directo, personal y obligatorio para escoger a los rectores y vicerrectores, quienes tendrán un periodo de trabajo de cinco años. 

EL PROYECTO PREVIO AL PRONUNCIAMIENTO

Hace tres días informamos sobre el proyecto de ley que presentó Javier Velásquez Quesquén que pretende desarmar la Ley Universitaria. Entre otros puntos, se plantea que los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu sean elegidos por los rectores. A su vez, deja sin efecto todas las normas aprobadas por el ente supervisor. Lo más resaltante, sin embargo, es el otorgamiento de licencias provisionales a nuevas casas de estudios, a pesar de la prohibición vigente. 

En la exposición de motivos, quien fuera también presidente del Parlamento, cita el un fragmento del artículo 'La Constitución, la autonomía y la Universidad Católica' escrito por el exsenador Enrique Bernales Ballesteros, uno de los firmantes del pronunciamiento publicado en El Comercio. 

No hay que olvidar tampoco que esta no es la primera iniciativa -dentro del Congreso- en oposición a la Ley 30220. En marzo pasado cobró relevancia la famosa Ley Cotillo, proyecto presentado por el fujimorista José Luis Elías, fundador y propietario de la Universidad San Juan Bautista. 

UN MINISTRO EN LA MIRA

Uno de los ministros más solicitados por el Legislativo ha sido Jaime Saavedra. Al titular de Educación se le cuestionó la lentitud en la preparación para los Juegos Panamericanos que se celebrarán el Lima el 2019. El escándalo que se suscitó tras la renuncia de Luis Salazar al Comité Organizador de dicho evento deportivo fue aprovechado por el Apra y el fujimorismo para nuevamente exponer su posición contraria a la norma que regula el funcionamiento de las universidades. En LaMula.pe hicimos un recuento de los intereses que movían la 'ofensiva' de ambas fuerzas políticas. Sobre la actuación del partido aprista, el espacio Chicharrón de Prensa señaló: 

"Ese es el objetivo final: bajarse al ministro para bajarse a Ley y reemplazarla con algo parecido a la Ley Cotillo y quitarle los dientes a la Sunedu para que no pueda fiscalizar cómo se estafa a los alumnos, para convertirla en un aparato inútil o un club de cómplices como lo fue su antecesora, la Asamblea Nacional de Rectores".

ALGUNOS DE LOS FIRMANTES

Si bien el pronunciamiento no propone una derogación de la norma, sino "un diálogo abierto" y sin "sesgos ideológicos", algunos de los firmantes tiene una marcada posición contra la Ley Universitaria. 

Ántero Flores-Aráoz, por ejemplo, firmó anteriormente un pronunciamiento igual de crítico como el dado a conocer esta mañana. De hecho, el exministro de Defensa del segundo régimen aprista fue uno de los expositores del curso Licenciamiento y Acreditación Universitaria. Uno de los organizadores de dicha actividad fue la Asociación de Universidades del Perú, un organismo que ha criticado constantemente a la Ley 30220. 

En tanto, el constitucionalista Víctor García Toma -quien fue convocado por Alan García para asumir la cartera de Justicia-  ha criticado anteriormente la labor de la Sunedu. En enero pasado señaló a RPP que la resolución que inhabilitaba a Pedro Cotillo -como rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos- era ilegal. 

Otro de los firmantes es Gastón Soto Vallenas, excandidato de la Defensoría del Pueblo. Sobre él, Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), recordó anteriormente que -cuando el abogado era presidente del Consejo Nacional de la Magistratura- votó a favor de no abrir proceso disciplinario a Javier Villa Stein, titular de la Sala Penal Permanente, quien señaló que los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri no fueron de lesa humanidad. 

LA CAPACIDAD DE SANCIONAR

Otro de los puntos criticados por los juristas es el reglamento de la Sunedu. Este -afirman- no respeta el debido proceso y asume funciones del Poder Judicial. Específicamente se refieren a la capacidad de imponer medidas preventivas "que constituyen mandatos de carácter temporal ante un inminente peligro o alto riesgo de producirse un incumplimiento a la Ley 30220". Esta imposición está contemplada en el  Decreto Supremo 018-2015-MINEDU. 

Hay que señalar, sin embargo, que el Reglamento de Infracciones y Sanciones, sí contempla, dentro de las fases del procedimiento sancionador, una etapa para que el denunciado presente sus descargos.

[Foto de portada: Andina ]

Notas relacionadas en LaMula.pe: 

Este es el proyecto de Velásquez Quesquén que quiere "matar" la Ley Universitaria

Panamericanos son la excusa: Quieren bajarse a Saavedra por la Ley Universitaria

¿Por qué Soto Vallenas no es el más idóneo para ser Defensor del Pueblo?