Las revelaciones que hizo la semana pasada IDL-Reporteros, en una investigación conjunta con O'Globo sobre una negociación indebida que habría realizado la constructora brasileña OAS con Luis Castañeda para que no se firmara una adenda al contrato para ejecutar el proyecto Río Verde que promovía la entonces alcaldesa Susana Villarán, pueden ser solo la punta del iceberg.

Conversamos con el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu sobre este caso y las implicancias que podrían tener los presumibles tratos bajo la mesa del alcalde con OAS, a través de la abogada Giselle Zegarra, quien fue gerente de Promoción de la Inversión Privada en las dos primeras gestiones municipales de Castañeda, entre agosto y noviembre de 2014, a espaldas de la autoridad edil en funciones en ese momento.

Eso es lo que se desprende de los mensajes hallados en los teléfonos celulares del empresario Léo Pinheiro, expresidente de OAS, actualmente preso en Brasil, luego de que fuera condenado a 16 años de cárcel por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado, en el marco del caso Lava Jato.

Para Arbizu, es muy grave lo revelado hasta el momento, porque apuntaría a que Castañeda buscó la cancelación del proyecto Río Verde con el fin de poder redirigir el fideicomiso de ese proyecto hacia otra obra (la del by-pass de la Av. 28 de julio en el cercado de Lima), una vez que haya asumido como alcalde de Lima.

En este contexto, lo preocupante, apunta Arbizu, es que hasta ahora no haya un procurador anticorrupción en el Perú, y lamentó la aparente displicencia que ha mostrado en este asunto el Gobierno, que justamente atraviesa por una crisis de credibilidad, debido a un escándalo en el mismo Palacio por el caso Carlo Moreno.

¿Cuál es su impresión del caso Castañeda-OAS? 
Me ha causado mucha indignación y, no lo voy a negar, cierta gracia el hecho de que fueran precisamente los representantes de Solidaridad Nacional, los que más intensamente fustigaron a (Susana) Villarán por presuntos actos de corrupción por los vínculos con OAS. Me divierte el karma cumplido, pero lamento profundamente que estos mercachifles de la política estén a cargo de la administración de la ciudad.

De lo revelado por IDL-reporteros, ¿qué es lo más grave y cuáles podrían ser sus consecuencias políticas y legales?
Yo creo que lo más grave está por descubrirse. Es decir, la consecuencia primera debe ser la apertura de una investigación preliminar en el Ministerio Público para investigar una probable usurpación de funciones, conflicto de intereses y tráfico de influencias. Las investigaciones revelarán si además de eso, hubo beneficios indebidos, perjuicio al Estado, acuerdos fraudulentos y demás elementos. Pero tal como está hoy, hay indicios más que razonables para que el Ministerio Público actúe. Políticamente deja la impresión, como dije antes, de que estamos ante gente que piensa que la alcaldía es su parcela y puede hacer en ella lo que le venga en gana.

¿Qué instancias deberían actuar en esta caso para investigar a Castañeda?
Debe actuar el Ministerio Público y por supuesto la Contraloría. Me parece penoso que todavía no tengamos un procurador anticorrupción que de inmediato le pida al Ministerio Público que investigue. Ha pasado más un mes desde que Joel Segura se fue y hasta ahora no se nombra a su reemplazo. Así, ¿qué lucha contra la corrupción va a ser seria?

¿Cuál es la ruta que debería seguir esta investigación, a quiénes se debería incluir?
A la señora (Gisselle) Zegarra sin duda, pero también al alcalde Castañeda, pues queda claro que en la negociación ella hacía las veces de su representante. Lo más importante, creo yo, es que se debería activar los canales formales de cooperación mutua con el Ministerio Público de Brasil que investiga el caso Lava Jato y pedir copias de todo lo actuado en contra del señor Pinheiro, que ahora está preso. Estoy seguro de que en esa información se incluirán muchas sorpresas desagradables para el alcalde y su gestión.

Ahora que el Gobierno ha emprendido una cruzada anticorrupción, ¿cómo debería actuar en este caso?
Debería exigir la apertura de una investigación. Pero, repito, ni siquiera tiene al procurador anticorrupción. En este caso, igual que en otros, el gobierno está dejando que se le pase la tortuga por debajo de las piernas.

¿Por qué este caso, pese a su gravedad, no ha concitado el interés de la gran prensa nacional? ¿A qué cree que se debe esta situación?
Porque Castañeda es un hombre poderoso, que tiene amigos e intereses en los grandes medios de prensa. Porque hay un direccionamiento nefasto de alguna prensa concentrada para poner los reflectores sobre algunos temas y retirarlos en el caso de otros.

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