La situación en torno al conflicto por el proyecto minero Las Bambas, en Apurímac, a cargo de la minera australiana-china MMG, parece complicarse. Luego de la muerte de un ciudadano por impacto de bala en un enfrentamiento con la Policía, la desconfianza de las comunidades campesinas de Cotabambas hacia las autoridades se acentuó.
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, informó este miércoles sobre la suspensión del diálogo entre la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo con dirigentes de las comunidades.
"No hay interlocutores designados", alegó el funcionario. "Desde anoche (martes) hemos insistido en que estamos absolutamente dispuestos en acercarnos a la zona y que estamos abiertos al diálogo y creemos que es la forma de cómo estos conflictos se pueden solucionar. Lamentablemente, no estamos encontrando eco a nuestro pedido", dijo en RPP.
Pero lo cierto es que el tema pasa por la desconfianza de las comunidades en las autoridades del Gobierno Central, ante las promesas y compromisos incumplidos. La Asamblea Provincial de Cotabambas, en una carta, manifestó que las mesas de diálogo representan "un modelo desacreditado ante la población". Las llamadas comisiones de alto nivel, paradójicamente integradas por funcionarios de segundo nivel, están quedándose sin margen de maniobra para ser interlocutores válidos en los conflictos sociales.
En el caso de Cotabambas, sus habitantes ahora quieren que quienes pongan la cara y asuman los compromisos sean funcionarios de primer orden, empezando por el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski y el jefe del gabinete, Fernando Zavala. También piden la presencia de los ministros de Agricultura, José Hernández; de la Mujer, Ana María Romero; de Cultura, Jorge Nieto; del Interior, Carlos Basombrío; de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo; y de Transportes, Martín Vizcarra.
¿Qué dice el pronunciamiento?
"Nuestra provincia está cansada e indignada de que cada año perdamos vidas humanas, además de las constantes violaciones de derechos humanos, por lo que hemos decidido que nunca más se repitan muertes de inocentes comuneros, que tiñen de luto y dolor a sus familias y a la ciudadanía".
Mientras estos no suceda, la huelga indefinida en la provincia continúa, para exigir reparaciones por el daño causado por el tránsito de camiones con minerales por sus comunidades. El conflicto se agravó por la muerte de Quintino Cereceda, quien recibió un tiro en la cabeza durante la represión policial de las protestas.
El Ministerio del Interior ha dicho que la intervención policial fue inconsulta con el alto mando de la institución, lo que ha vuelto a reavivar el debate sobre el rol de la Policía y al relación que tienen con las mineras en las zonas de conflictos.
En el caso de Las Bambas, la operación policial que acabó con la vida de un civil contó con el apoyo de la empresa MMG, que explicó así su intervención, para desbloquear la vía por donde sacan sus minerales:
"La PNP nos solicitó apoyo con maquinaria pesada para cubrir las zanjas y reestablecer la vía interrumpida por 6 días (...) La empresa Minera Las Bambas, en fiel cumplimiento de lo establecido en el marco legal vigente accede a la solicitud oficial recibida. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Legislativo 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú “(…) las personas naturales y jurídicas están obligadas a prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú, cuando las circunstancia así lo requieran, en el cumplimiento de sus funciones”. Proceder de otra manera implicaría la comisión del delito de desobediencia a la autoridad".
El presidnete Kuczynski sostuvo que no se trata de un conflicto entre comunidades locales y la Policía, porque los agricultores "tienen quejas legítimas", "pero tenemos que estar presentes, hay un gran esfuerzo que se tiene que hacer".
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