El presidente Pedro Pablo Kuczysnki reaccionó ante la crisis que generaron los casos de corrupción vinculados a su entorno, al anunciar cinco medidas concretas para luchar contra el flagelo, que lo empezó a golpear ante de cumplir 100 días en Palacio y ha mellado su popularidad y la imagen de su gobierno, como lo reveló la encuesta del domingo de Ipsos.
PPK no podía seguir flotando como lo había hecho hasta antes del mensaje a la nación del lunes por la noche, en el que admitió que tuvo muy poco cuidado al seleccionar a algunos de sus colaboradores y se refirió al caso de su exasesor Carlos Moreno y el 'negociazo' que pretendía hacer con el Seguro Integral de Salud (SIS), pese a que la semana pasada decía que este era un asunto "cerrado".
"Esa persona traicionó mi confianza. Quiero que sepan que su caso, como corresponde, está en manos de la justicia. Es inaceptable que en un país como el nuestro, con tantas necesidades, tengamos gente tratando de lucrar con el dinero del pueblo en la casa de Gobierno", dijo en tono enérgico, que dista de la actitud pasiva que había venido mostrando.
De las cinco medidas anunciadas por el presidente, la más importantes es "la muerte civil" para los corruptos. Se trata de una reforma constitucional atascada en el Congreso hace al menos seis años. Una norma así será vital para empezar a limpiar el aparato estatal de los 'gorgojos', como llamó la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, a los pillos de ahora y siempre que pululan en las posiciones de poder.
Positivo, pero tarde
Pero en lo que coinciden algunos analistas es que PPK no tuvo buenos reflejos, dejó pasar mucho tiempo y envió mensajes equivocados en momentos en que la crisis en Palacio por el caso Moreno escalaba y destapaba una caja de Pandora en su entorno, con graves acusaciones sobre supuestos cobro de cupos para postular al Congreso en la última campaña que apuntan al congresista Gilbert Violeta, una persona muy cercana al presidente.
Por esa denuncia, dos asesores del jefe de Estado, Jorge Villacorta y José Labán, tuvieron que renunciar el fin de semana. Alegaron que lo hacían para "salvaguardar la imagen presidencial", pero negaban las imputaciones. Estas dimisiones, con una justificación así, inmotivadas aparentemente, solo alimentan las sospechas sobre algo irregular que se quiere cortar ante de que le explote en la cara a alguien.
"Si el presidente Kuczynski salía así de fuerte con medidas contra corrupción hace dos semanas, era un gol. Ahora mitiga el daño", dijo el analista y politólogo Iván Lanegra, en su cuenta de Twitter.
Es cierto. El daño ya está hecho. La desconfianza de la ciudadanía en el Gobierno ya se instaló. Es difícil que PPK recupere los puntos de aprobación que perdió -ocho en un mes, de acuerdo con Ipsos-. Pero debería evitar perder más, pasando de las palabras a los hechos.
"Es un poco tarde para movimientos en reversa; el caso Moreno ha develado otras carencias de un gobierno que estaba administrando con cuidado sus éxitos", dijo por su lado el politólogo Juan de la Puente en su blog. "No es malo lo propuesto por PPK, pero la dimensión de lo que está en juego reclama más audacia", agregó.
De la Puente fue uno de los primeros analistas que advirtió de los riesgos del estilo que tiene PPK para ejercer el poder. Ese dejar hacer sin restricciones y el exceso de confianza para delegar temas delicados, fue lo que, en parte, provocó esta crisis.
Reacciones políticas
En el fujimorismo, los anuncios de PPK sirvieron para cuestionar a su entorno, básicamente. "El tema de la muerte civil para los funcionarios, más allá de que sea una posición política, habla de que el presidente tiene un entorno que no tiene asesores de lujo, ni tampoco un Gabinete de lujo. Tiene asesores contaminados. Los más cercanos a la entraña presidencial están contaminados", dijo en Canal N la legisladora de Fuerza Popular Lourdes Alcorta.
En el oficialismo, se pronunciaron los congresistas Carlos Bruce y Mercedes Aráoz. El primero, a la sazón vocero de la bancada de PPK, consideró que la muerte civil "va a disuadir a los corruptos". También destacó el anuncio de la evaluación de los funcionarios, no solo del despacho presidencial sino también de los ministros.
"Es necesario hacer una limpieza en la administración pública y no estar cargando con el pasivo que significa tener gente corrupta que ingresó al Estado en anteriores gobiernos", declaró a la agencia Andina.
Aráoz a su turno consideró que los anuncios del mandatario permitirán lucha frontal contra la corrupción, porque se podrá, por ejemplo, revisar el entorno cercano al Gobierno, aplicar la “muerte civil” para que corruptos no ingresen a la administración pública y revisar cualquier irregularidad. "Hay que hacer un chequeo profundo y encontrar en dónde están esas fallas. El presidente ha marcada una clara distancia porque él no es una persona tolerante a la corrupción", dijo en RPP la también vicepresidenta del país.
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