El presidente Pedro Pedro Pablo Kuczynski acusó el golpe que significó para su gobierno las casos de corrupción en su entorno, como los audios del 'negociazo' de su exasesor Carlos Moreno o las acusaciones sobre el cobro de cupos en su partido, admitió un descuido a la hora de elegir a sus colaboradores más cercanos y planteó cinco medidas concretas para luchar contra este problema.

Para muchos, la reacción de PPK se demoró en llegar: ocurrió 10 días después de que estallara el escándalo por las grabaciones de Moreno, lo que destapó una olla de graves acusaciones que provocaron la renuncia de otros dos de sus asesores (José Labán y Jorge Villacorta) y que alcanzaron al congresista y presidente de su partido, Gilbert Violeta.

Aunque el daño ya esté hecho y la desconfianza en el Gobierno se haya instalado en varios sectores de la sociedad, acabando con la luna de miel de PPK antes de siquiera cumplir los 100 días en el poder, es el momento de pasar de los dichos a los hechos. "Se le paso un poco el tiempo, pero nunca es tarde para luchar contra la corrupción. Se trata de aprender la lección, considerando que es un gobierno que tiene 80 días y hay que caminar para adelante", nos comenta el politólogo Juan de la Puente.

Pero antes de pasar a analizar, una por una, las cinco medidas anunciadas por el presidente, y el alcance y el impacto que tendrán, De la Puente nos hace un apunte interesante: que la lucha contra la corrupción no es solo un asunto que el compete al Gobierno, aunque por la coyuntura pareciera que así fuera. Es un tema que nos implica a todos, al Estado en su conjunto y que requiere un pacto político y social para que se cristalice. 

"Pero aquí da la impresión de que los corruptos son solo los funcionarios públicos y que no hay corruptos en las empresas, y en el Perú existen empresas que se han opuesto a la reforma legislativa para fijar la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas) en los casos de corrupción".

Las medidas

1. Revisión del Despacho Presidencial
El presidente anunció que se reorganizará el Despacho Presidencial y se revisarán los parámetros para elegir a los asesores. Esta medida no debería responder solo a un asunto coyuntural, sino implementarse como una política institucional y evitar que lo pasó con el caso de Jorge Villacorta, a quien se le nombró sin que cumpla con los requisitos exigidos para el cargo. El exconsejero no tiene colegiatura, ni título universitario o grado de bachiller, como fijaba la resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la República N°015-2013-DP/SGRP, vigente cuando se le designó consejero, el 7 de agosto pasado. ¿Cómo así se le nombro entonces? Esa es una respuesta que aún el Gobierno nos debe. Lo que sí sabemos es que el 9 de setiembre Palacio modificó esa disposición para adecuarla al perfil académico de Villacorta: aceptar también estudios universitarios inconclusos.

Si esta medida se aplica bien y se cumple a cabalidad, no deberían a volver a pasar casos como el Villacorta, que el fin de semana tuvo que renunciar porque se vio envuelto en las denuncias por cobros de cupos en el partido de gobierno en la última campaña.

2. Evaluación del entorno de los ministros
PPK les solicitó a los integrantes de su gabinete que no cometan el mismo error que él, que no pequen de confiados y evalúan a sus colaboradores y asesores, para garantizar de que cuentan con las personas idóneas para el cargo y que cumplan los siete mandamientos dados a los ministros el primer día de gobierno. "Las dos medidas de revisión interna son urgentes (...) y tienen que hacerse bien, porque si queda alguien, los ministros serán los responsables políticos del fallo", nos señala el analista y politólogo Iván Lanegra.

3. Muerte civil para corruptos
El presidente anunció que el miércoles el Consejo de Ministros aprobará esta medida, que no solo es clave para empezar a limpiar el aparato estatal de pillos, sino que va mucho más allá, porque tiene un efecto práctico y consecuencias penales severas, como nos subraya Juan de la Puente. 

"Quizá la gente no calibre el impacto que tiene la muerte civil para los funcionarios sentenciados por corrupción, porque no solo implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos y para elegir y ser elegidos. En los proyectos que se presentaron en el Congreso en la legislatura pasado, también se planteaba que hasta que no paguen las reparaciones civiles, estos exfuncionarios no puedan firmar contratos ni realizar actividades privadas".

4. Reactivar el Consejo de Estado
PPK anunció que convocará a un Consejo de Estado, integrado por la presidenta del Congreso (Luz Salgado), el presidente del Poder Judicial (Víctor Ticona) y el presidente de la República, para abordar juntos la lucha contra la corrupción en los tres poderes del Estado.

De la Puente sostiene que este anuncio es muy importante, en la medida de que el Consejo de Estado, que no es una figura que esté en la Constitución actual, puede ser el espacio ideal para empezar a construir una agenda anticorrupción, que no la tenemos, aunque parezca paradójico. "Incluso lo ampliaría e incluiría a organismos como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Contraloría, la Defensoría. Es una medida que busca resolver carencia básicas que nosotros tenemos en la lucha contra la corrupción", nos explica. 

El otro tema que debería hacer este Consejo de Estado es implementar un sistema anticorrupción, como lo han hecho, por ejemplo, Colombia y Chile, para ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), club al que el Perú aspira a pertenecer y que PPK se ha comprometido a conseguirlo en su mandato.

En este sistema, señala De la Puente, más que las medidas generales, que también son importantes, son fundamentales los sistemas de prevención. "No hacemos nada con un sistema que sanciona la corrupción ya cometida y no que prevenga. Y en eso también hay experiencias internacionales muy interesantes. Estas dos medidas son muy importantes", nos indica el politólogo.

5.  Comisión Presidencial de Integridad
Según el anuncio de PPK, este grupo  reportará directamente al Presidente de la República y propondrá medidas legislativas y de gestión destinadas a enfrentar la corrupción. La comisión deberá presentar sus conclusiones y recomendaciones en mes y medio, y Juan de la Puente espera que se incluyan algunas propuestas que se hicieron en la última campaña electoral. "Es vital, porque tenemos un problema de corrupción extendido", insiste el analista, tras advertir que la lucha contra este flagelo no puede depender de grabaciones como las del 'Negociazo' de Moreno. 

"Son buenas medidas en su conjunto", nos dice por su lado Iván Lanegra. "Desde luego que no es todo lo que hay que hacer, pero apuntan a agrandar la agenda", añade.

¿De qué dependerá que las medidas tengan el impacto deseado?

Primero, de voluntad política. Se requiere de un compromiso real, empezando por la cabeza del país, en este caso PPK. Y segundo, de la presión ciudadana, subraya De la Puente. 

"Si esas dos circunstancias condicionantes no las tenemos, vamos a repetir la tragedia de los últimos años, de esta Comisión Anticorrupción que ha funcionado con mucha dificultad, de medidas que se quedaron en el Congreso".

De hecho, el tema de la muerte civil para corruptos se planteó en el 2013 en el Parlamento, así como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Pero todo se quedó en tinta y papel, recuerda el analista. 

"Lo que rescato es que tenemos ahora la posibilidad de establecer una relación interinstitucional que sea capaz de construir una agenda anticorrupción y en segundo lugar a hacer un pacto político, porque esto no va a encararse si no se produce un pacto político".

¿Será que esta vez sí se habrá un compromiso real de luchar contra la corrupción? Corren las apuestas.    

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