La norma para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es el último escollo que el Ejecutivo debe sortear para lograr que el Congreso, controlado por el fujimorismo, apruebe el pedido de facultades legislativas tal como lo solicitaron. Ya el 80% del paquete de medidas informe favorable de comisiones congresales.
Fuerza Popular se resiste a que la UIF tenga la potestad de acceder al secreto bancario y tributario de las personas que realizan operaciones sospechosas, una prerrogativa que hay en otros países de la región y que es fundamental en la lucha contra el lavado de activos y clave para detectar el ingreso de dinero negro en las campañas. Y ya hemos explicado las razones por las que los políticos se oponen a esto.
Para negarse, el fujimorismo alega que la medida es ilegal porque la Constitución garantiza la reserva del secreto bancario y tributario, salvo previa autorización de un juez, y que la UIF podría convertirse en un arma de persecución política.
LAS PRECISIONES
Sobre este punto, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, dijo que se incluirá la participación de un juez de turno, para autorizar, previamente, que la UIF levante el secreto bancario y tributario, trámite que se hará de forma expeditiva. La idea es que se haga en 24 horas siguientes de presentada la solicitud.
"Lo que se ha hecho es puntualizar que eso (la autorización) va a ser por un juez de turno para dar la tranquilidad de que esto no se va a digitar y que se tratará con la misma velocidad que un hábeas corpus", explicó la funcionaria, quien el viernes se presentó en la Comisión de Constitución del Congreso, donde fue para explicar los alcances de este medida.
El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, se mostró a favor de incluir la figura de un juez ad hoc en este proceso. "En eso estamos de acuerdo. Lo que se ha pedido solamente es que no se vulnere la Constitución. Y a eso se ha comprometido el propio premier Zavala", subrayó.
INFORMACIÓN COMPARTIDA
Otro aspecto de la norma incluida en el paquete de facultades para fortalecer la UIF a la que el fujimorismo se opone, es el que establece que los reportes de las operaciones sospechosas se compartan con los organismos electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con la legislación actual, solo la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) puede acceder a esta información.
Para alcanzar un acuerdo en este punto, Pérez Tello explicó que se precisará que la información se comparta solo de ida. Es decir, el JNE y la ONPE remitirán cualquier operación sospechosa a la UIF para que estudie esos casos, pero si esta considera que podría haber un ilícito penal a partir de esa investigación, lo deriva a la fiscalía, o sea, ya no lo regresa a los organismos electorales.
El superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza, hizo otra precisión sobre este punto. "No estamos hablando de pedir el levantamiento de la información y trasladarle eso a la ONPE o al JNE. Lo que se daría a la ONPE es copia de nuestro informe que va a la fiscalía y de forma confidencial para su trabajo de investigación de los aportes de campaña", explicó a El Comercio.
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