Lo ocurrido el martes en la Comisión de Justicia del Congreso, donde se rechazó la propuesta legal para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -que está incluida en el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo al Congreso-, con el decidido apoyo del fujimorismo, no debería sorprender a nadie, pero sí nos debería preocupar a todos.

Tampoco debería sorprender la posición del fujimorismo en este tema, pese a que su lideresa, Keiko Fujimori, en la última campaña electoral, en la que fue derrota por PPK, se comprometió en un foro público a dotar a la UIF de la facultad de levantar el secreto bancario y tributario de las personas que realizan movimientos sospechosos en el sistema financiero, una herramienta fundamental con la que sí cuentan otros países de la región para luchar contra la corrupción y el lavado de activos.

En la legislatura pasada, Fuerza Popular ya se había opuesto a una iniciativa en ese sentido que, como la de ahora, buscaba adecuar el funcionamiento de la UIF a los estándares internacionales, lo que permitiría, entre otras cosas, que el Perú ingrese a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Peor aún, la negativa nos podría colocar en la lista negra de naciones que facilitan la comisión del delito de lavado de activos, lo que afectaría nuestra imagen internacional y el flujo de capitales extranjeros.

¿Por qué se oponen los políticos a que la UIF pueda levantar el secreto bancario? La revista PODER, en un completo informe, reveló los entretelones que pueden explicar esta actitud reiterada en el Congreso de distintas fuerzas políticas.

Dotar a la UIF del poder de levantar el secreto bancario de las personas bajo sospecha -ahora solo se puede hacer por orden de un juez a pedido de un fiscal, trámite que puede demorar hasta un año- le daría a esta entidad una herramienta poderosa para rastrear el dinero negro, por ejemplo, en las campañas electorales.

En el caso del fujimorismo, su principal financista en la última contienda, Joaquín Ramírez, quien fue congresista hasta la legislatura pasada y secretario general de Fuerza Popular, es investigado por lavado de activos y al DEA lo tiene en la mira desde el 2012 por sus nexos con el narco peruano Miguel Arévalo Ramírez, alias 'Eteco'. Las autoridades peruanas y estadounidenses dudan del origen de su fortuna.

Hay otro detalle que PODER destaca. En los casos de corrupción y lavado de activos más sonados de los últimos años en el Perú hay denominador común: un informe confidencial de la UIF. Pasó con la red mafiosa público-privada de Rodolfo Orellana; en la investigación sobre la corrupción de Áncash; en los casos Ecoteva y Comunicore, entre otros.

Es decir, la UIF, pese a sus limitaciones, es una entidad incómoda para el poder político, porque aporta valiosa información financiera y marca el camino de procuradores y fiscales para rastrear dinero de origen presumiblemente ilegal.

En 2013, una propuesta, promovida por el congresista Luis Iberico, para darle a la UIF la facultad de levantar el secreto bancario, llegó hasta el pleno del Congreso, el 27 de marzo de ese año pero, en medio de un debate plagado de puyazos entre la oposición y el oficialismo, no se aprobó y la representación nacional la devolvió a la Comisión de Constitución, donde se le dio la estocada final, con el apoyo del fujimorismo y el Apra: el archivo definitivo.

¿Cuál fue el argumento? Que la medida podía convertirse en "instrumento de carácter político" y que violaría el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, que reza: "El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso, con arreglo a la ley y siempre que se refieran al caso investigado".

La citada comisión desoyó las opiniones técnicas que había solicitado a un grupo de connotados juristas para dilucidar si la medida era inconstitucional o no. Uno de esos expertos consultados fue Marcial Rubio, quien en el informe que remitió al grupo de trabajo subrayó que la iniciativa no era ilegal, debido a que ya el Tribunal Constitucional había señalado que los delitos económicos (como el de lavado de activos) no pueden ser protegidos por normas constitucionales como el secreto bancario.

Las limitaciones de la UIF

Pese a su aporte a la investigación de casos de corrupción y lavado de activos, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene serias limitaciones en Perú, porque solo se nutre de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos sobre todo por los bancos. Por ejemplo, si un banco alerta de un movimiento sospechoso, la UIF no puede solicitar al resto del sector financiero información sobre esa misma persona, por lo que se ve obligada a trabajar sobre la base de solo una muestra del total de información que probablemente tienen otras entidades financieras.

Cómo funciona la UIF

Desde su creación en 2012, la UIF tejió una amplia red de informantes en los sectores público y privado. Cuanta con un equipo de 25 analistas que son los encargados de armar los casos y presentar los informes de inteligencia financiera a las fiscalías especializadas, previo filtro a cargo de un Comité de Calidad. 

La información con la que se elaboran los reportes de la UIF no solo proviene del sector financiero, sino también de notarios, empresas inmobiliarias, casas de cambio, comercializadores de autos y hasta joyerías. Hasta el 2015, habían 5.844 empresas en todo el país obligadas a reportar información. De no hacerlo, pueden ser sancionadas con multas de hasta 50 UIT o con el cierre del negocio.

¿Qué es una operación sospechosa?

Por ejemplo, una operación sospechosa puede ser la compra en efectivo de un reloj de US$ 50.000. O un retiro millonario de dinero para ser trasladado en billetes contantes y sonantes, así como la compra de un inmueble sin pasar por el sistema financiero. También el traspaso de propiedades sin que haya un pago económico de por medio, o el reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo, entre otros.

Las cifras de la UIF

El flujo de dinero producto de actividades ilícitas en el Perú es preocupante. Delitos como el tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la defraudación tributaria han alcanzado nuevos récords en el país. Entre el 2007 y el 2014, más de 700 informes de Inteligencia Financiera identificaron US$11.197 millones producto estos delitos y de otros menores, como la corrupción de funcionarios, la estafa, el proxenetismo y la trata de personas. De ese total, 46% corresponde al narcotráfico, seguido por un 38% proveniente de la minería ilegal. 

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