Mañana, jueves 22 de setiembre, finaliza el juicio oral por el caso Curva del Diablo, (parte del Baguazo) tras casi dos años y medio de iniciado. Así, acusaciones, interrogatorios, testimonios de testigos (civiles y militares), participación de peritos, así como momentos de tensión y evidencias de que no existe un sistema judicial intercultural en un país tan diverso en culturas y lenguas, quedaron atrás, y los 52 procesados (entre awajún y mestizos) esperan ser absueltos, pues el pedido de cadena perpetua que cae sobre ellos por la muerte de 12 policías durante una protesta el 5 de junio de 2009 carece de pruebas.
“El día de mañana la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua va a decidir la suerte de 52 acusados, a siete de los cuales se les está pidiendo cadena perpetua, cinco de ellos son líderes indígenas y los otros dos son Feliciano Cahuaza y Dany López, que serían [según las imputaciones] una suerte de ‘Rambo’ dentro de las comunidades indígenas”, declaró Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Consideramos que hay varias razones de fuerza y peso por los cuales el tribunal el día de mañana debería absolver y no condenar a los acusados”, señaló.
La decisión tomada por el gobierno de Alan García el 3 de junio de 2009, de desalojar a miles de manifestantes indígenas en Amazonas, desencadenó en la muerte de 23 policías y 10 indígenas (en total), la desaparición de un mayor y la apertura de siete procesos judiciales.
Nativos no deben ser condenados
El abogado explicó que sus patrocinados no pueden ser acusados de ser los autores materiales de las muertes de los policías y otros 18 efectivos porque se comprobó que no efectuaron disparos. Dijo que por ese hecho no pueden ser condenados por el supuesto delito de homicidio calificado.
“Lo que olvida la fiscalía es que todos los acusados que tienen la condición de autores directos de la muerte de los policías, todos tienen resultados de la pericia de absorción atómica negativa”, precisó.
La defensa de los nativos alega que la mayoría de los acusados fueron intervenidos sin condición de flagrancia, al contrario de lo que sostiene la Fiscalía.
“Este es el elemento central por el que no se les puede condenar a 25 años por homicidio calificado, no se les debe condenar por tenencia ilegal de armas de fuego ni arrebato de armas de fuego”, acotó.
Finalmente, explicó que para la Fiscalía los procesados habrían persuadido a los 5 mil manifestantes para que le quiten las armas a los policías y con esas mismas armas los maten. Refirió que entre las pruebas que presenta la Fiscalía son las necropsias que determinan que la muerte de los efectivos murieron por proyectil de arma de fuego.
(Foto: Bereniz Tello)
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