A través de una Resolución Suprema publicada este lunes en el diario El Peruano, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó a Carlos Zoe Vásquez Ganoza como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) en reemplazo de Julio César Magán.
Zoe Vásquez Ganoza ya se había desempeñado como Director General de Política Criminal y Penitenciaria en el Ministerio de Justicia, donde evaluaba, diseñaba y formulaba políticas del Estado en materia criminal y penitenciaria, y el seguimiento de las mismas.
En entrevista a RPP, la ministra Marisol Pérez Tello -quien firma junto a la encargada del despacho presidencial, Mercedes Aráoz, la resolución que oficializa el nombramiento-, resaltó la experiencia del nuevo jefe del INPE y expresó su confianza en que cumpla con un buen desempeño en su gestión.
"Es un técnico, no un político. Es un gestor, no un canero (...) La cárcel por dentro es un mundo que hay que conocer para poder saber las cosas que hay que corregir y entender. Lo que tiene Carlos, que para mí fue decisivo, es que conoce el sistema penitenciar de manera comparada. Es probablemente la persona que más sabe de política criminal en el Perú. Ha dirigido la Comisión Nacional de Política Criminal, yo lo conocí en ese espacio con mucho carácter pero no arbitrariedad ni prepotencia".
Aclaró, además, que no habrá ningún incremento en el salario que recibía como presidente de la Comisión, ya que para él es más importante asumir el reto de cambiar la situación penitenciaria del país.
"Es relativamente joven y tiene ganas de asumir el reto. Económicamente no significa ningún incremento para él, es simplemente hacer las cosas bien, eso me pareció muy importante. Él estaba muy cómodo de presidente de la Comisión y lo que le planteé es 'tienes cinco años trabajando el tema, vamos a que transformes lo que has trabajado y diseñado en ese tiempo'".
Experto en el tema
En julio de 2013 la periodista Jacqueline Fowks, corresponsal de El País de España en el Perú, habló con el ya jefe del INPE a propósito del exceso de población penitenciaria que padecemos hasta hoy, el mismo que había sido tomado como pretexto por el segundo gobierno de Alan García para justificar los llamados narcoindultos.
"Perú necesita políticas públicas que respondan en el nivel de la prevención del delito, ya que entre 1.200 y 1.500 internos salen de prisión antes de cumplir un año, por lo que nunca debieron de haber entrado. Como hubo presión social, en vez de comparecencia fueron condenados a prisión preventiva (...) Vivimos en una sociedad acostumbrada a creer que el delincuente se inhibe ante las penas, pero aunque entre 1999 y 2012 el Código de Ejecución Penal cambió 28 veces para eliminar beneficios penitenciarios o imponer penas más altas, la criminalidad aumentó".
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