Amnistía Internacional acaba de publicar un informe en el que señala a Honduras como el país del mundo con el mayor número de asesinatos per cápita de defensores de la tierra y el medioambiente.  Según el documento, solo en 2014, en ese país caribeño fueron asesinados 12 de ellos, cifra que la organización enmarca en otra mayor, que sirve para dimensionar el problema.

En 2015, según datos de la organización ambientalista Global Witness, hubo 185 asesinatos de líderes ambientales registrados en todo el mundo, de los cuales 122 ocurrieron en América Latina.

Fue el asesinato de la líder ambientalista indígena Berta Cáceres, mientras dormía en su vivienda, el que disparó las alarmas y puso el foco de atención en Honduras, donde la impunidad que había por estos hechos sufrió un duro golpe, luego de que los responsables de ese crimen fueron detenidos. 

Cáceres había ganado uno de los premios más prestigiosos del mundo por su defensa de los ríos en Honduras, el Goldman Environmental Award. Su muerte no fue en vano, porque ahora el problema ya no está pasando desapercibido. 

Según Amnistía, el contexto en el que se registran niveles de violencia altos contra los defensores del medioambiente tiene dos características clave: la expansión de proyectos de explotación de recursos naturales por parte de empresas y la falta de acción y colaboración del Estado, que incluye el uso desmedido de la fuerza oficial contra quienes se oponen a esas iniciativas.

Otra característica de estos países donde defender la tierra es una actividad de alto riesgo es que más de la mitad de sus habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza (señalado en menos de un dólar al día), de acuerdo con el informe.

Amnistía Internacional sostiene que asesinatos como el de Berta Cáceres no son aislados, sino más bien producto de un contexto de militarización de la protesta, radicalización política y degradación de la seguridad marcado por eventos como el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en Honduras en 2009.

Ariadna Tovar, investigadora de ese organización, cree que la muerte de Cáceres pone en entredicho la efectividad de las medidas cautelares que la Organización de Estados Americanos (OEA) había dictado para proteger su vida. "A pesar de esa obligación de protegerla, fue asesinada y eso genera una pregunta: si ella con ese perfil tan alto fue asesinada, ¿qué pasa con quienes no tienen su perfil, cuál es su seguridad?", inquirió.

En este caso, el informe de Amnistía no se centra solo en la responsabilidad de las empresas, sino también en la del Estado. "Los ataques continúan. Menos de dos semanas después del asesinato de Berta murió un compañero suyo, Nelson García. El periodista Félix Molina recibió dos tiros en las piernas tras escribir el contexto en el que se realizó este crimen cuando se cumplía un mes del asesinato de Berta", explicó Tovar. "Los defensores no son opositores sino personas que realizan un trabajo legítimo e importante para la sociedad", agrega la activista de Amnistía. 

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