De acuerdo a información brindada por la directora de la ONG Promsex, Susana Chávez, en el Perú se venden al año aproximadamente 3 millones de 'píldoras del día siguiente', consumo que supera al de otros países de la región.
A pesar de que su distribución gratuita en establecimientos de salud públicos del Minsa está prohibida desde el 2009, tras un resolución del Tribunal Constitucional (TC) a favor de una demanda de amparo interpuesta por una oenegé de corte cristiana -Acción de Lucha Anticorrupción-, la píldora se puede obtenter en el mercado.
La sentencia del TC benefició económicamente a las farmacias, y perjudicó a las personas que no pueden pagar el valor de una de esas pastillas -desde S/. 15 hasta S/. 30, según sea el establecimiento- que, como lo ha dicho la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) retrasa e impide la ovulación: no es abortiva en tanto no hay fecundación-.
Este método anticonceptivo, como advirtió Chávez a la agencia Andina, es parte de las políticas públicas de salud reproductiva en los distintos países del mundo.
Sin embargo, la prohibición establecida durante el gobierno de Alan García no fue luchada desde el Estado. Recordemos que cuando Javier Velásquez Quesquén era primer ministro sostuvo que correspondía a las organizaciones de mujeres afectadas por la decisión del TC de seguir alguna demanda internacional para cambiar la resolución, mas no como iniciativa de parte del Estado.
Al respecto la ministra de Salud, Patricia García, días atrás dijo lo siguiente a Ideeleradio:
"Si vas a las farmacias y tienes dinero, puedes comprar, y hay 35 diferentes marcas, [pero] el hecho de que el Minsa no pueda tener la capacidad de distribuirlo, cuando se necesita, es un ejemplo de inequidad supina. Eso es inequidad y no debe haber inequidad. No puede ser que el que no puede pagar, no tenga acceso a algo. Eso lo estamos viendo, y lo estamos trabajando porque no puede ser”.
Esto demuestra, por lo menos, voluntad política. La ministra de la Mujer, Ana María Romero, y la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello también han dado su visto y bueno sobre la posibilidad de luchar por el retorno de la distribución gratuita de este método de anticonceptivo oral de emergencia (AOE).
Romero dijo al respecto:
"Sabemos que hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que impidió la entrega (de pastillas del día siguiente) hace unos años atrás. Lo que llama la atención es que no está prohibida la venta. Acá hay un tema de injusticia porque hay quienes sí tienen recursos [...] Aparentemente, si tienen recursos, la píldora no es abortiva, pero si no los tienen, sí lo es. Hay un problema de justicia que no dudo vamos a poder resolver y en esa dirección está trabajando la ministra de Salud".
¿Logrará este gobierno concretar su visión de salud pública y planificación familiar, en concordancia con organizaciones de mujeres? ¿Instancias eclesiásticas podrán más que la voluntad política del Estado? Recordemos que la Iglesia cristiana ha sido una férrea opositora a distintos métodos anticonceptivos, desde los orígenes de estos -el mismo sector que consideraba en algún momento que el uso del preservativo carga consigo un problema moral, y no uno de salud y derechos-.
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