La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó hoy una ley que mejora el Sistema de Defensa de la Libre Competencia y pena con cárcel el delito de colusión, además de aumentar las multas. El delito pasa ahora a tener estatus penal.
"Chile no acepta corrupción ni abusos. Con esta ley damos un paso contundente [...] Estamos dotando a Chile de una legislación en libre competencia de avanzada, conforme a estándares de las grandes economías"", afirmó Bachelet en la ceremonia de promulgación, celebrada en el palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, de acuerdo a EFE.
El diario chileno La Tercera detalla algunos detalles de la ley:
"La iniciativa eleva la colusión a la categoría de delito penal y establece que quienes incurran en estas prácticas ilícitas, serán sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, que va de 5 años y un día a 10 años. Además establece la imposición de una pena por estos delitos llevará siempre consigo la de inhabilitación absoluta para desempeñar, por un plazo de 5 años, cargos u oficios públicos, cargos de director o gerente en empresas públicas o sociedades anónimas, en asociaciones gremiales, empresariales o de consumidores, partidos políticos o colegios profesionales".
Chile ha vivido casos importantes de colusión empresarial, como el que ocurrió años atrás entre tres importantes cadenas de farmacias por manipular concertadamente precios de medicamentos -los ejecutivos fueron absueltos-; tres supermercados -incluido Cencosud-, y el precio de los pollos en sus tiendas; entre fabricantes de papel higiénico y tisú; y ahora el más reciente: se acusa a los laboratorios Biosano y Sanderson/Fresenius de haberse coludido para elevar precios de ampollas y otros insumos durante 10 años.
En el Perú
Recordemos que meses atrás el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un procedimiento administrativo sancionador contra las empresas Kimberly Clark Perú (de capitales estadounidenses) y Protisa, filial de la chilena CMPC, por un presunto entendimiento para concertar precios y condiciones comerciales en el mercado de papel higiénico y otros derivados del papel tisú. Ambas firmas poseen el 88% del mercado y mueven unos S/. 800 millones al año.
Según informó Indecopi en ese momento, dicha concertación de precios, así como descuentos y promociones a nivel nacional, se habría dado entre el 2005 y 2014. En el proceso sancionador están incluidos 17 personas (gerentes generales y altos funcionarios) que presuntamente planearon y ejecutaron dicha práctica.
El Congreso de la República debe discutir un grupo de doce proyectos de ley presentados por la Contraloría General, entre los cuales destaca uno que propone aplicar pena privativa de la libertad para los autores de colusión y peculado.
Dicha iniciativa plantea modificar los artículos 384 y 387 del Código Penal, para que el tiempo mínimo de prisión aplicados a estos ilícitos sea de cinco años de cárcel efectiva y no cuatro, como es hoy.
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