Un informe publicado el pasado miércoles por el gobierno de los Estados Unidos dio cuenta que la madera de un embarque importado del Perú a ese país en enero del 2015 era de procedencia ilegal.

El resumen producido por el Comité de la Madera de los Estados Unidos resalta los resultados del Informe de Verificación realizado por el Gobierno Peruano, el cual fuera solicitado por el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Michael Froman, a fines de febrero del 2016, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los EE.UU.

Además, especifica una serie de acciones que deben ser implementadas con calidad de urgencia por el Perú a fin de combatir las ilegalidades del sistema. 

Los Informes de Supervisión producidos por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) han proporcionado la información necesaria para documentar el origen ilegal de esta madera.

En ese sentido, cabe señalar que a partir del 2014, la SUNAT implementó una operación especial llamada "Operativo Amazonas" que empezó a recolectar de manos de los exportadores, la información respecto al punto de origen de su madera y a cruzar esta data con los Informes de Supervisión de Campo del OSINFOR.

La SUNAT encontró que, en promedio, el 90% de la madera incluida en los embarques supervisados había sido talada ilegalmente. 

"Las recomendaciones identificadas en el informe del Comité de la Madera son esenciales, y reiteran los resultados del Operativo Amazonas y de previos informes de investigación", declaró Lisa Handy, directora de la Campaña Forestal de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés).

"Lo clave es que las autoridades peruanas cuenten con la data que necesitan para identificar y detener el comercio de madera talada ilegalmente así como con la voluntad política para hacerlo. Tal como lo ha demostrado el 'Operativo Amazonas', hay dos piezas indispensables para esto: los Informes de Supervisión de Campo realizados por el OSINFOR y la obligación para que los exportadores entreguen la data referente al punto de extracción de la madera. Sin estas dos piezas, poco puede hacerse para transformar el sistema arraigado de lavado e impunidad", agregó la funcionaria.

El informe revela además que en el año 2015, hubo al menos otros tres embarques de madera del Perú a losEstados Unidos con evidencia de altos porcentajes de ilegalidad todos transportados en la misma nave involucrada en el embarque de enero de este año e incluyendo a muchos de los mismos importadores y exportadores.

Aunque ninguna persona ha sido encontrada responsable por este voluminoso comercio ilegal, se conoce que varios se encuentran bajo investigación por parte de autoridades peruanas y estadounidenses.

De otro lado, en abril del 2012, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) publicó un informe multianual llamado 'La Máquina Lavadora', que documentó cantidades significativas de madera ilegal exportada del Perú a los Estados Unidos entre los años 2008 y 2010, y detalló cómo se produce su lavado con base en inventarios forestales falsos producidos por los poseedores de los títulos habilitantes para la extracción de madera y "validados" por autoridades forestales corruptas.

"Al ver la cantidad de instituciones de los gobiernos del Perú y de los Estados Unidos involucradas en este reciente proceso de verificación, pareciera que finalmente están enfrentado con seriedad la lucha contra el comercio de madera ilegal en el Perú", declaró Julia Urrunaga, Directora de Programas de EIA en el Perú.

"Esperamos que el nuevo gobierno peruano reaccione de modo rápido y decisivo para implementar las recomendaciones del informe del Comité de la Madera de los EE.UU. y detener el robo masivo de la Amazonía Peruana. Instituciones clave del gobierno peruano, tales como SUNAT, OSINFOR y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) han demostrado que pueden documentar el origen ilegal de la madera que viene siendo exportada y coordinar acciones internacionales para detenerla. Ahora toca llevar esta experiencia a mayor escala y convertirla en la práctica estándar", agregó  Urrunaga.

"Ya es tiempo de que el Perú enfrente a este crimen organizado con la urgencia que el caso demanda. La tala ilegal no se limita al robo de árboles y a la destrucción de ecosistemas, si no que también acarrea corrupción, violaciones de derechos humanos y amenazas de violencia y hasta el asesinato de los valientes líderes locales y funcionarios públicos que luchan por detenerla", finalizó.