Por: Daniel Yovera 

Loreto. El procurador y el fiscal anticorrupción de la zona se dirigen a la provincia de Datem del Marañón para participar en una audiencia judicial. Van por el caso de las obras sobrevaloradas e inconclusas que en diciembre del 2014 motivó que varias comunidades indígenas tomaran la sede de la municipalidad provincial. Viajan 72 horas por tierra y río, van al juzgado y retornan a Iquitos. Hacen en total 144 horas de viaje.  

En Loreto hay 835 casos de corrupción, la gran mayoría por peculado -robo de dinero público-, un delito que exige la contratación de peritos contables. Pero solo hay dos fiscalías anticorrupción y una procuraduría con cuatro abogados.

Así se “combate” la corrupción en Loreto.

Ayacucho. Uno de los abogados de la Procuraduría Anticorrupción de Ayacucho y un fiscal anticorrupción asisten a una audiencia judicial en la provincia de Páucar del Sara Sara.  

Son 18 horas por carretera y trocha, y otras tantas de retorno, en una región que supera los 1,500 casos de corrupción, entre investigaciones y procesos. La gran mayoría por peculado. Aun con esa carga de expedientes, Ayacucho cuenta con seis fiscalías –solo dos son especializadas en corrupción– y en la Procuraduría laboran apenas tres abogados.

Esa es la forma como se lleva a cabo en Ayacucho la “lucha” anticorrupción.

Podríamos contar el caso del fiscal y el procurador de Amazonas que parten de Bagua y llegan a Condorcanqui después de tres días y medio de movilizarse por río, o de diez horas por tierra; o el de Ichuña, en Moquegua, que exige un viaje de diez horas.

Los ejemplos se repiten en la mayoría de departamentos, y en todos ellos hay un problema común: fiscalías insuficientes –las pocas especializadas en corrupción han sido implementadas por el actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez– y procuradores que piden refuerzos a gritos.

Por ejemplo, en Ayacucho la Procuraduría cuenta con tres abogados que deben encargarse de 1,559 expedientes de corrupción. El número de condenas conseguidas en el 2015 fue solo de siete.

La Procuraduría de Arequipa cuenta con tres abogados para 1,748 casos. El año pasado solo hubo cinco sentencias condenatorias.

En La Libertad, la Procuraduría tiene tres abogados para 1,273 expedientes. Lograron siete condenas en el 2015.

Más al norte, en Lambayeque, hay apenas dos abogados contra 1,293 casos que deben impulsar. El récord del año anterior fue de cinco condenas.

Pero sin ir muy lejos, en Lima Norte hay solo dos abogados de Procuraduría para 2,021 expedientes.

En todos los casos están incluidos los procuradores titulares o los que están a cargo de dichas oficinas.

Este problema no considera los sueldos y la precariedad laboral. El sueldo de un abogado senior es de S/. 6,000, el de uno junior, S/. 4,000, y el de un abogado asistente, de S/. 2,745. Los titulares regionales perciben un poco más.

Sus contratos son bajo modalidad CAS (Contrato Administrativo de Servicios), que se renuevan cada tres meses, o cada mes, según el ministro de Justicia de turno. 

Abogado que reciba una mejor oferta laboral, se va de la Procuraduría. Ocurrió con la ex procuradora regional de Arequipa, Susana Cervantes Castro, quien en julio del 2015 se fue a trabajar a la Superintendencia de Nacional de Control de Servicios de Seguridad (Sucamec). Un año y un mes después, su puesto aún no ha podido ser cubierto.

Estirando la mano

En agosto del 2015, hace un año, el actual procurador Anticorrupción, Joel Segura Alania, remitió al entonces ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, un documento que contenía un plan para reestructurar esta Procuraduría.

Entre las medidas propuestas por Segura se demandaba que cada procuraduría regional contara con un mínimo de seis abogados para poder hacerle frente a todos los expedientes que se acumulan año tras año. Para el caso de las coordinaciones regionales solicitaba cinco abogados, y para las oficinas, tres.

Adrianzén aprobó el documento y el 18 de ese mes el Consejo de Defensa Judicial del Estado emitió la Resolución No 046-2015-JUS, que creó cuatro nuevas procuradurías (Madre de Dios, Cajamarca, Lambayeque y Piura) y cinco nuevas oficinas descentralizadas (Atalaya, Bagua, Moyobamba, Yurimiaguas y La Convención).

Atalaya era, como se recuerda, el lugar favorito de Rodolfo Orellana para la presentación de sus medidas cautelares.

El Ministerio de Justicia aprobó una partida presupuestal de S/. 247 millones para contratar abogados –S/. 120 millones menos de lo que el procurador planteó–, y un año después hay 195 letrados que han pasado las evaluaciones.

No se ha contratado aún a todos. Para paliar la situación, en ocasiones la “salida” ha sido la caontratación de abogados por “servicios específicos”, es decir, para hacerse cargo de casos concretos o de audiencias puntuales, con pagos por recibos por honorarios.

Ello no garantiza que el abogado se dedique a estudiar un expediente y menos que guarde la reserva del caso. ¿Qué ocurre si lo contrata la parte contraria a cambio de mejores honorarios?

Y sin embargo…

No obstante, con los insuficientes recursos que les han asignado, el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción han ganado la mayoría de los casos en el último quinquenio. El 86%, señalan algunas cifras preliminares a las que tuvo acceso para este informe LaMula.pe

En cuanto a las reparaciones civiles, en los últimos cinco años, es decir, en las gestiones de Julio Arbizu, Christian Salas y de Joel Segura, el cobro de las reparaciones civiles a favor del Estado ascendieron a casi 26 millones (S/. 25’798,143), lo que significa un incremento en 161% respecto de la cifra obtenida en el quinquenio aprista (2006-2011). Este es uno de los mayores logros de esta entidad anticorrupción.

Además, se ha logrado determinar que el monto por reparaciones civiles impuestos por la anterior Procuraduría Ad Hoc para los casos Fujimori–Montesinos, y por la actual, asciende a a poco más de mil millones y medio de soles (S/. 1,502´653,444). El 97% de este dinero corresponde a lo que deben pagar los condenados de la década fujimorista, y el 3% restante, a los casos de corrupción surgidos con posterioridad.

Y ello pese a los recursos limitados de la Procuraduría y del Ministerio Público.

Como se recuerda, en noviembre del año pasado el propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tuvo que pedirle y reiterarle al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que deje de nombrar nuevos fiscales porque la caja del Ministerio Público ya no daba más.

Por eso, cuando se habla de reformar o reestructurar la Procuraduría Anticorrupción, ¿se apunta a darle solución a la carencia de recursos, de abogados y de logística? ¿O sólo a “cortar” la cabeza del procurador de turno?

Alguien debería preguntarle al procurador encargado de Ucayali por la vez en que se trasladó en avioneta y luego en peque-peque a Caballococha, para asistir a una audiencia judicial, pero el alcalde procesado, astuto él, había acudido sin abogado, y como en la zona no hay defensores de oficio, la audiencia no se desarrolló para no violar el “debido proceso” de la autoridad. Procurador y fiscal regresaron a Pucallpa con las manos vacías y el tiempo perdido.

Esas son las armas con las que la justicia enfrenta la corrupción. Si ésta tuviera rostro, reiría de buena gana.

(Cuando este informe ya se había cerrado, La Mula tomó conocimiento de que el procurador Anticorrupción Joel Segura se reunió este mediodía con la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, y presentó su renuncia por escrito, la misma que fue aceptada por la titular del despacho).