Alejandra Ballón lleva años investigando el caso de esterilizaciones forzadas que se dieron en el marco del denominado Programa Nacional de Planificación Familiar durante la dictadura fujimorista. Ha escrito un libro al respecto y es una más de los muchos peruanos a los que el último martes invadió la indignación al conocerse el archivamiento de la investigación a cargo de la fiscal Marcelita Gutiérrez que impide -una vez más- que el caso llegue al Poder Judicial.

LaMula.pe conversó con ella a solo horas de conocerse la decisión fiscal sobre una de las heridas del fujimorismo que cuesta mucho sanar, las irregularidades en el proceso investigatorio de esta etapa y lo que se viene en una lucha que se resisten a dar por perdida.

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Hay mucha confusión para quienes no están enterados al cien por ciento del caso respecto al que fue el objetivo de fondo de esta decisión durante la dictadura. ¿Cómo explicárselo?

Yo haría primero una diferencia entre lo que es planificación familiar y lo que es control demográfico. Muchas veces hacen una especie de dos por uno en donde te dicen que todos los programas de planificación familiar tienen una dosis de control demográfico, casi que son sinónimos. Y no, la planificación familiar es un programa de salud que lo que quiere es la salud reproductiva, es decir que está alineado con los derechos sexuales y reproductivos y que lo que te hace es dar lineamientos para que la familia en autonomía pueda escoger cuántos y cuándo tener hijos. En control demográfico estamos hablando de violaciones de derechos humanos, de una práctica sistemática que valoriza metas, cuotas, que no está preocupada por la salud reproductiva de una familia sino que lo que quiere es llegar a cuotas de esterilización, en el caso de Perú para poder aumentar el PBI per cápita. Para hacerlo tenías que tener un programa sostenible de reducción de la pobreza bajo tres, cuatro, cinco gobiernos. Si no puedes y quieres aumentar el PBI en dos años, entonces eliminas la cantidad de pobres.

Algunos han buscado desacreditar esta lucha diciendo que se ha usado con fines políticos.

Se confunde que sea política con partidaria. La lucha de esterilizaciones forzadas es una lucha política definitivamente. La marcha de Ni Una Menos, por ejemplo, es una lucha política porque somos ciudadanos civiles reclamando derechos. Pero no es un asunto partidario, no es que estemos en contra de la bancada fujimorista y por eso estamos hablando de esto. Estamos en contra porque hemos visto lo que ese programa ha hecho en la población y no podemos tolerar que una política de estado haya hecho este tipo de daño a sus ciudadanos.

¿Esperaban una resolución desfavorable?

Personalmente sí, y no por lo que ha pasado hace dos o tres semanas que ya era bastante contundente, sino más bien por como la fiscal actuó. Primero dijo que no iba a aceptar más denuncias y cerró el proceso con las que tenía en el Ministerio Público. Según ella porque las denuncias eran masivas y no se daba abasto. Era como seudo-justificable, pero para mí era como una alerta de que algo andaba mal porque pudo haber dicho, 'mira, no nos damos abasto para la investigación, pero esas nuevas denuncias que están apareciendo tampoco pueden quedar en el aire'. Luego, cuando se iba a hacer la toma de testimonios a las mujeres en el campo, había fiscales a cargo que además ejercían de traductoras, entonces eran juez y parte. Es decir, yo te tomo el testimonio, soy la única que supuestamente habla quechua y además te redacto el testimonio sin que haya una grabación en audio que pruebe que lo que tú me estás diciendo es lo que yo he escrito. Además, a la víctima no le doy una copia de su testimonio para que pueda certificar que lo que yo estoy poniendo o interpretando es lo correcto. ¡Y además esto no se hace con abogados de la víctima!

¿Se enteraron de estas irregularidades durante el proceso y lo denunciaron?

Las víctimas en Cusco y otros lados han denunciado que algunas fiscales, que la fiscal Marcelita Gutiérrez había nombrado para hacer este trabajo, las estaban amenazando o tratando de comprar. Eso fue denunciado por las mismas víctimas de esterilización forzada en Colquepata, por ejemplo. Otra cosa es que en todo el procedimiento de la investigación fiscal, la Fiscalía no haya dado copia de los testimonios que supuestamente las víctimas dieron y que esto sea a nivel notarial. Cosas como estas no han sido denunciadas aún y es una locura.

Otra cosa que sorprendió fue la fecha en que se dio a conocer la decisión, la noche previa a un feriado y un cambio de mando presidencial. ¿Cómo lo tomaron?

Yo pensé que lo iban a hacer mañana, porque para mí era muy claro. Sus aplazamientos no eran justificados, porque te decían 'falta investigar' pero no te decían qué cosa. Entonces caías en que obviamente se acercaba el 28 y ya las últimas semanas era evidente. Habían dos posibilidades, o que lo hicieran ahorita, que para muchos es un acto bastante claro de cobardía,  pero también de que pudiesen lanzarlo unos días después, aunque igual hubiera sido el mismo resultado. 

A propósito de los recientes casos de violencia contra la mujer que se han mediatizado, ¿no es irónico que las decisiones desfavorables de estos hayan estado en manos de mujeres?

El machismo es un sistema indiscriminador, esa es la paradoja. El machismo está en la clase alta, media, baja, no discrimina ni por clase social ni por género. Es cultural. Cuando llega a ser cultural estamos en el problema mayor. El caso de esterilizaciones forzadas implica más de 200 mil mujeres y más de 20 mil hombres que llevan veinte años esperando justicia. A partir del 2011 esta lucha ha empezado a tener mayor envergadura, la sociedad ha comenzado a despertar y se ha dado cuenta que esta es una vulneración de derechos humanos terrible. Más gente ha empezado a denunciar aunque en un momento parecía que se dormía el caso, pero ahora ha vuelto a despertar y no ha parado. A nivel social nos falta mucho para erradicar el machismo pero estamos empezando a asumir como sociedad y a ver todas esas paradojas que hay en medio, que no es solo de hombres, que está muy infitrado en las mujeres también y que es un aprendizaje que debemos tener todos. 

El fujimorista Alejandro Aguinaga, ministro de Salud durante la dictadura, ha dicho que hay mucha desinformación en este caso.

No está errado cuando dice que hay desinformación. No es una equivocación. Sí falta mucha información sobre el caso esterilizaciones forzadas a todo nivel. Es muy complejo, delicado y doloroso. La gente no entiende cómo puede haber sucedido una cosa así a tal escala, a vista y paciencia de todos y que veinte años después no hayamos hecho nada. Ahora, que falte información a la gente porque los fujimoristas hayan tratado de trastocarla y desviarla tratando de engañar, es otra cosa. Ellos se han esmerado en desinformar a la gente. Una trata de explicar con un trabajo de campo, con testimonios, con argumentos válidos, después de una investigación rigurosa que tiene años, etc y de repente ellos salen a decir, 'ay esto no es nada', 'están mintiendo', 'es una exageración', 'es un refrito, si eso ya se archivó'. Eso es una desinformación porque no argumentan. No existe argumento válido porque hay sinfín de pruebas.

¿Qué papel crees que ha jugado la prensa en este caso?

Hay que entender que es un caso que tiene veinte años y los medios han jugado un rol desde el día uno, desde 1996. La investigación más importante que se ha hecho es la de Giulia Tamayo con el CLADEM en 1998, que destapó todo el sistema de cuotas. Giulia trabajaba de la mano con Julia Urrunaga, que estaba en El Comercio en la época que este tenía unidades de investigación. Allí estaba encargada del tema de esterilizaciones forzadas y destaparon muchísimo. Había unidades también en La República, en El sol y varios medios que desde el 96 empezaron a recopilar todas las denuncias que aparecieron apenas empezó el programa. Y estamos hablando de denuncias de párrocos, de médicos, de familiares, una lista interminable.

¿Se tuvo el mismo nivel de impacto entonces que el que tenemos hoy?

Lo que sucede es que siempre se pensaba que eran casos aislados. Es en el 98 que el CLADEM se da cuenta que esto es una situación macro, un sistema de violaciones de derechos humanos sistemático, masivo y empiezan a ver las dimensiones del problema. Se hace una investigación desde la Defensoría del Pueblo pero con fondos de USAID, que eran quienes habían dado los fondos para el programa, y dicen que esto es un crimen de lesa humanidad y debe parar En esos momentos USAID retira los fondos porque no era un programa ético. ¿Qué hace Fujimori? Llama a Japón, viene la Nippon Foundation, que conocemos es una gran violadora de los derechos humanos, y pone la plata. 

Lo realizaron a sabiendas de que se trataba de algo nefasto...

Además el programa de control demográfico que se hace en el Perú en los años 90 con Fujimori a la cabeza, ha sido el más violento en América. Los programas de control demográfico se dieron en los años 60, 70 y ya se sabía que no funcionaban, que eran grandes violaciones y por eso se pararon. Entonces, ¿cómo te explicas que en el Perú con esos ejemplos lo vuelvan a aplicar?

¿Qué sigue ahora? ¿El tema está totalmente perdido?

No prescribe, se va a volver a abrir, se implementarán las quejas y se va a continuar. Una vez más se archivó y una vez más se abrirá. La lucha continua, lo que Marcelita Gutiérrez ha sacado como resolución es contradictorio. Acá estamos hablando de una cuestión muy grave.

¿Desde el activismo buscarán resaltar el tema con más fuerza a propósito de la ola de indignación contra todo tipo de violencia hacia la mujer?

Hay varias cosas en el contexto en el que se da esto. Una es la marcha de Ni Una Menos donde la sociedad civil reconoce que estamos en una problemática de género gigantesca, que tenemos que tomar cartas en el asunto y que vamos a salir a la calle porque estamos todos implicados en esto. Por eso es grave que en esta coyuntura se vuelva a archivar el caso de esterilizaciones forzadas que lleva veinte años y no llega al Poder Judicial porque se queda en la Fiscalía. Lo que quieren evitar es que se llegue a juicio, ya que si lo hacen, las mujeres van a ganar porque las pruebas son gigantescas.

¿Esperan una actitud empática por parte del nuevo Gobierno? ¿Algún tipo de compromiso de ministras como Marisol Pérez Tello de Justicia o Ana María Romero de la Mujer?

Yo no sé si es una cuestión de empatía sino de deber. Si ellas han sido designadas ministras y tienen cargos de poder más siendo mujeres, tienen un deber social. Deben representar al pueblo, ¿y quién es el pueblo si no son las 300 mil mujeres esterilizadas? ¿Tú crees que si esto le hubiera sucedido a las chicas de la clase alta del Perú hubiera tomado siquiera dos años el juicio? Lo que las mujeres exigen es justicia, que no las hagan pasar por mentirosas

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