Tras la decisión de la fiscal a cargo del caso de las esterilizaciones forzadas, Marcelita Gutiérrez, de pronunciarse en los próximos días sobre su decisión de si presenta o no acusación ante el Poder Judicial, Amnistía Internacional (AI) ha manifestado su preocupación.
"Es hora que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos sean llevados ante la justicia. No es posible que luego de 18 años se siga negando a las mujeres sus derechos", manifestó Marina Navarro, directora de la AI Perú.
Como se recuerda, la representante del Ministerio Público recogió 1600 testimonios de víctimas en diferentes regiones del país. Estos se sumaron a las 2074 denuncias interpuestas anteriormente en dicha entidad. El expediente de la investigación tiene 71 000 fojas.
Para AI existen "sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado".
Asimismo, la institución que vela por los derechos humanos resalta que las víctimas y sus familiares "fueron, presuntamente, amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si no se sometían a la operación". Y agrega: "Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas murieron".
CASO EMBLEMÁTICO
Las víctimas de las esterilizaciones forzadas -llevadas a cabo durante el régimen de Alberto Fujimori- han luchado durante más de una década para llevar sus casos ante el Poder Judicial. De ahí la importancia histórica de la decisión que tome la fiscal Gutiérrez.
"Es doloroso para las víctimas que están esperando tener alguna certeza del avance del caso, que aún no haya una resolución, porque estamos ante graves violaciones de derechos humanos que son delito de lesa humanidad. Una justicia que tarda tanto no es justicia y las víctimas reclaman además de sanciones a los responsables, una política de reparaciones integrales", señaló al respecto Ana María Vidal secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
[Foto de portada: Facebook Somos 2074 y Muchas más]
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