El lunes se cumplió el plazo ampliado que solicitó la fiscal Marcelita Gutiérrez para terminar de investigar el caso de las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas más de dos mil mujeres, en su mayoría andinas, durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), informó a La República que Gutiérrez solo estaría esperando contar con información técnica del Instituto de Medicina Legal para emitir su resolución. Rivera comentó que esta sería "de suma importancia porque le permitirá acreditar la agresión física en contra de las agraviadas".
Al haberse cumplido el plazo solicitado, ya no hay lugar para ampliación de investigaciones, ni tampoco para recibir nuevos testimonios. Esto, al menos, en esta investigación en particular.
"Solo queda la elaboración de la resolución fiscal que, de acuerdo con las pruebas existentes, amerita la formulación de una denuncia penal contra los responsables", recalcó Rivera.
Como informa la bloguera de Lamula.pe Amanda Meza, el lunes se realizó un plantón a la espera de que la fiscal Gutiérrez denuncie a los responsables de la política implantada por el fujimorismo en los 90. Colectivos de mujeres y algunas víctimas participaron en el plantón en el marco de la campaña 'Somos 2074 y muchas más'.
Dentro de su trabajo de investigación, la representante del Ministerio Público ha recogido 1600 nuevos testimonios de víctimas en diferentes regiones del país. Estos se suman a las 2074 denuncias interpuestas desde antes en dicho ministerio.
La denuncia llega hasta el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, y sus exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, así como a operadores de salud de rango menor.
María Ysabel Cedano, directora de DEMUS, comentó a Meza que “la fiscal tiene que formular denuncia porque, de lo contrario, se avalaría la impunidad en un caso que lleva 14 años entrampado en el Ministerio Público”. Recordó también que las víctimas han demandado que el presidente Ollanta Humala instale una Comisión Multisectorial hacia una política de Reparaciones Integrales.
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