El gobierno de Ollanta Humala dejará sin resolver más de 200 conflictos sociales en todo el Perú al momento de dejar Palacio este 28 de julio. Entre ellos tal vez los más resaltantes sean los que involucran a los proyectos mineros Tía Maria, en Arequipa, y Las Bambas, de Apurímac. Muestra de ello son los reportes sobre conflictos sociales publicados por la Defensoría del Pueblo (DP) en los últimos 12 meses, que no han tenido un cambio sustancial en ese tiempo.
El escenario no se ve fácil para el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski: el último informe de la DP presentan 152 conflictos sociales activos y 60 latentes. Al menos 128 de ellos, además, registraron un hecho de violencia desde que iniciarion. Los informes se pueden descargar aquí.
Al ser consultado por el diario La República, el ex viceministro del Ambiente José de Echave señaló que si Kuczynski no muestra capacidad rápida de intervención y una estrategia adecuada, los conflictos latentes se convertirán en activos.
Además, y como se puede ver en los informes, la intensidad de la violencia de estos conflictos no ha descendido desde el inicio hasta el final de la gestión de Humala. Las cifras publicadas de víctimas en enfrentamientos por conflictos sociales desde el 2011: 73 muertos y 2.226 heridos entre policías y civiles.
Conflictos en el sur andino
“El nuevo gobierno tiene que mirar el sur andino. El mapa de la conflictividad social ha cambiado en los últimos años y se ha trasladado al sur. Eso está relacionado con el hecho de que las inversiones extractivas se han focalizado en esa zona del país”, comentó De Echave.Apurímac aparece como la región con más conflictos sociales con 24 (20 activos y 4 latentes), seguida por Áncash con 21 (17 activos y 4 latentes), Puno con 18 (12 activos y 6 latentes), Cajamarca y Cusco con 16 cada uno.
De los conflictos sociales identificados en el mes de mayo en todo el país, el 70,8% están relacionados a temas sociambientales. Ese mismo mes, el número de conflictos sociales activos registrados fue de 152. Estaba en 142 en febrero, pero retomó fuerza en época electoral.
"Cuando la ciudadanía plantea una demanda, espera una respuesta rápida del Estado, pero en el Perú demora porque pasa por muchas ventanillas. No hay procedimientos establecidos para una discusión interna entre instituciones del Estado antes del proceso de diálogo con la población", aseguró a La República Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la DP.
Las promesas de PPK
Durante la campaña, el entonces candidato Kuczynski prometió poner en agenda prioritaria este tema. Señaló, entre otras cosas que sus dos vicepresidentes se dedicarían "de lleno" a los conflictos sociales.
Ya como presidente electo, se comprometió a ir personalmente al valle de Tambo (Islay) para conocer de cerca el conflicto generado por el proyecto minero Tía María, que ha desencadenado enfrentamientos entre la Policía y los pobladores desde el segundo gobierno de Alan García. Como vemos, no la va a tener fácil.
(Con información de La República)
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