Un estudio realizado por Amnistía Internacional denunció que la policía y fuerzas armadas de México someten frecuentemente a las mujeres a diferentes actos de tortura con el objetivo de obtener la confesión de un delito y así aumentar la cifra de detenidos, una exigencia de la nueva estrategia de seguridad establecida por el Gobierno. 

AI entrevistó a cien mujeres de diferentes prisiones del país y 72 de ellas afirmaron haber sido violentadas sexualmente en el momento del arresto o en las horas siguientes, mientras que 33 aseguraron haber sido violadas. 

El informe revela que como parte de la llamada guerra contra las drogas, es frecuente que las mujeres sean arrestadas durante redadas y acusadas de ser parejas de delincuentes y cómplices de los actos delictivos sin que existan pruebas sólidas que apoyen las acusaciones. 

La mayoría de estas detenciones fueron realizadas por la Policía Federal, en segundo lugar por la Policía Estatal y luego por el Ejército y la Marina. En el 33% de los casos las acusaron de formar parte de grupos de crimen organizado, en el 23% de delitos de narcotráfico, en el 22% de secuestro y en el 14% de posesión ilegal de armas. 

En el documento titulado 'Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México', se destaca que algunas de las formas de violencia con las que se torturan a las mujeres son golpes en el estómago, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseo en los pechos y pellizcos en los pezones, violación con objetos, con dedos, con armas de fuego y con el pene. Asimismo describieron que recibieron algún tipo de acoso sexual o psicológico como amenazas o insultos misóginos y sexualizados. 

Y es que las mujeres se han convertido en un objetivo sencillo para las autoridades, según explicó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. En ese mismo sentido dio cuenta que la mayoría de las detenidas vienen de entornos marginados, no cuentan con pareja y tienen bajos niveles de escolaridad, hechos que las vuelven aún más vulnerables. Con respecto a esta preocupante realidad, indicó:

“Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”.

Abuso policial

En febrero del 2014 varios policías federales llegaron a la casa de Tailyn y se la llevaron sin contar con ninguna orden de aprehensión. Durante varias horas la mujer fue sometida a fuertes golpizas y abusos sexuales, que le provocaron un aborto en las mismas oficinas de la Fiscalía en la Ciudad de México, donde estaba detenida. Tenía un embarazo de siete semanas. 

Cuando los médicos la examinaron se limitaron a entregarle unos trozos de papel toalla para que se los colocara dentro de la ropa interior y así 'detuviera la hemorragia'. No le administraron medicamentos para el dolor y tampoco presentaron el informe escrito denunciando los golpes a los que había sido sometida. 

Tailyn fue llevada en avión a una prisión en Tepic, Nayarit. Al levantarse del asiento dejó un charco de sangre, pero nadie la atendió. Una vez que llegó al reclusorio les dijo a los funcionaron que había sufrido un aborto, pero nuevamente no recibió ayuda. Cuatro días después le dijeron que estaba acusada de formar parte de una banda de secuestradores y que le habían levantado cargos por delincuencia organizada. A pesar de que hace más de dos años denunció los abusos, aún espera ser examinada por un médico forense oficial. 

Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de varios organismos locales, en el 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y malos tratos en todo el país, donde el 30% de las víctimas eran mujeres. Asimismo entre el 2013 y el 2014 se duplicaron las denuncias por tortura presentadas a la Procuraduría General de la República, pero solo se abrió un número limitado de investigaciones. 

En el 2014 la Fiscalía recepcionó formalmente 2.403 denuncias penales por tortura, pero no pudo dar cuenta de un solo cargo criminal que se hubiera presentado por estos casos. Antes del 2014, se venían acusando solo a cinco personas al año. Además, desde 1991 solo quince personas han sido sentenciadas por este delito. 

Asimismo, a pesar del alto número de mujeres que han denunciado violencia sexual por parte de miembros de las fuerzas armadas, ni un solo efectivo del Ejército ha sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre el 2010 y el 2015. Por su parte, en la Marina, solo cuatro elementos han sido apartados de su cargo en el mismo periodo. Al respecto, Guevara-Rosas, manifestó:

“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible”.

Cabe indicar que durante la investigación de AI, las autoridades de México se negaron a dar información crucial, según denunció el organismo. Además, la Secretaría de Gobernación impidió que los investigadores accedieran a un gran número de mujeres que estaban bajo custodia y, en algunas ocasiones, les negó el ingreso a las prisiones. Por su parte, el Ejército y la Marina rechazaron las solicitudes para reunirse a discutir sobre el tema. En ese sentido, la directora para las Américas, lamentó la situación:

“Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional. En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y otros malos tratos, las autoridades deberían centrar sus energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura garantizando el enjuiciamiento de los responsables y reparaciones adecuadas a las víctimas”.

(Con información de elpais.com)

(Foto de cabecera: amnesty.org)