Estamos esperando su firma, señor presidente. En mayo pasado, el Parlamento peruano aprobó el proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre los años 1980-2000. Como ya es público, la norma tiene como misión que el Estado peruano cumpla con desarrollar una política pública para atender la problemática de miles de familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno.
Desde ese entonces, diversas organizaciones de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han solicitado al jefe de Estado, Ollanta Humala, que promulgue dicha norma.
Así, personalidades como Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Verónika Mendoza, excandidata presidencial del Frente Amplio; Gisella Ortiz, familiar de una víctima del caso La Cantuta, entre otros, publicaron mensajes a favor de este importante ley que es -a su vez- un acto de justicia. Recientemente, Amnistía Internacional también se ha pronunciado.
Ahora, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) han enviado una misiva, en la cual resaltan el incansable trabajo de cientos de personas por encontrar los restos de su familiares que murieron durante el conflicto armado interno. Compartimos la carta completa.
Excelentísimo Señor Presidente:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para solicitarle, en nombre de las organizaciones que representamos—WOLA, CEJIL y DPLF— tenga a bien promulgar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas de 1980 al 2000, aprobada por el Congreso de la República el pasado 25 de mayo de 2016.
La referida ley constituye un instrumento importante para la continuación de la búsqueda de un significativo número de víctimas de la violencia política que desangró al Perú entre los años 1980 al 2000. Los familiares de más de 15 mil desaparecidos durante ese período de tiempo esperan que usted contribuya, en esta forma, a reorientar y acelerar la ubicación, identificación y entrega de los restos de sus seres queridos para darles digna sepultura y cerrar sus ciclos de duelo. Los avances en la búsqueda de las personas desaparecidas promoverían, a su vez, la reconciliación nacional, tan añorada por todos los peruanos.
La inquebrantable constancia de los familiares a fin de dar con el paradero y los restos de las víctimas se ha mantenido a pesar del paso del tiempo. Así tenemos, por ejemplo, a Mary Anzualdo, hermana de Kenneth Anzualdo estudiante de la Universidad Nacional del Callao desaparecido hace ya 23 años, quien ha sostenido: “encontraré a mi hermano aunque me tome toda la vida”. Hasta la fecha han sido encontrados los restos de 3100 personas, de las cuales sólo se han identificado 1775. La Defensoría del Pueblo señaló en su oportunidad que la ausencia de una política humanitaria de búsqueda de desaparecidos es la que produce este retraso, tan doloroso para los familiares de los desaparecidos.
Las organizaciones de familiares de desaparecidos como la ANFASEP y CORAVIP, así como la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, y otras instituciones de derechos humanos le vienen solicitando la promulgación de la mencionada ley. La comunidad internacional, y particularmente nuestras organizaciones, que se sienten muy unidas a los destinos de los peruanos, sobre todo de las víctimas de la violencia, esperamos este gesto suyo, que certificará su buena voluntad para restañar las heridas y permitir la plena vigencia de los derechos humanos y la justicia en el Perú.
Faltando pocos días para la juramentación de las nuevas autoridades políticas del país, la promulgación de esta ley, le otorga a usted una gran oportunidad para enviar un mensaje de paz y reconciliación.
[Foto de portada: Andina]
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