El cobarde ataque homofóbico contra un club de diversión en la ciudad de Orlando, Florida (EEUU) el último domingo, ha hecho que nuevamente se ponga sobre la mesa el debate respecto a la necesidad de los estados de legislar en busca de la protección de las poblaciones más vulnerables en las sociedades, como la comunidad LGTBI.
Y es que aunque los hechos de 'Pulse' han despertado una ola de indignación frente a la peor matanza de los Estados Unidos desde el 11 de setiembre de 2001, muchos de los países que han alzado su voz de condena y solidaridad al respecto no cuentan aún con una ley que sancione de forma más severa los crímenes de odio. Sin ir muy lejos, el mismo Perú.
Ya en 2013 el Congreso de la República tuvo, una vez más, la oportunidad de cambiar esta situación cuando se elevó hasta el pleno la modificatoria del código penal con la que se pretendía incluir la orientación sexual y la identidad de género como agravantes en los crímenes de odio. La ley terminaría aprobándose, pero en un debate con argumentos realmente vergonzosos, ambas categorías no serían incluidas.
¿Realmente, tal y cómo argumentaron los parlamentarios opositores entonces, no es necesario legislar en torno a esta problemática? Basta ver solo las cifras del último año -ni siquiera de la última década- para darnos cuenta de la vulnerabilidad de muchos peruanos únicamente por ser quiénes son.
Según el último Informe Anual sobre Derechos Humanos de personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2015-2016, elaborado por la Red TLGB y Promsex, solo en los últimos doce meses 8 personas fueron asesinadas por razones de orientación sexual o identidad de género.
Según detalles de estos casos incluidos en el documento, todas las víctimas fueron asesinadas en espacios privados y de formas bastante crueles. Algunas víctimas, por ejemplo, fueron apuñaladas repetidamente, degolladas, asfixiadas o golpeadas con puñetazos o patadas hasta su muerte.
Pero estos se refieren únicamente a aquellos casos que tuvieron cierto nivel de mediatismo y/o fueron denunciados. Asimismo, el informe da cuenta de hasta 28 casos de discriminación denunciados, 43 a la afectación de la seguridad personal y 8 se dieron dentro del entorno familiar.
Y sin ir muy lejos, el último caso que indignó a la población LGTBI -aunque llegara a hablarse en todos los medios a raíz del ataque a Orlando con mayor intensidad- fue el cruel asesinato de Zuleimy Aylen Sanchez Cárdenas, una adolescente de 14 años que vio su vida apagada por cuatro disparos en el distrito La Esperanza de Trujillo. El ataque, según testigos, fue realizado por dos sicarios a bordo de una motocicleta que la interceptaron tras su llegada de una reunión social y le dispararon a quemarropa.
Según Christian Olivera, presidente del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), los recientes sucesos estadounidenses solo nos permiten hacer más evidente algo que sucede día a día en nuestro país.
"Lamentablemente en el Perú tenemos esta visión de que siendo un país tan diverso, estas diferencia hacen que miremos al otro con desprecio, considerando que no tiene los mismos derechos que uno. Pasa mucho con la comunidad LGTBI(...) Esta situación de los Estados Unidos que nosotros hemos repudiado, lamentablemente también pasa acá en el Perú. No en la magnitud y en la forma en que se ha dado allí, pero sí cotidianamente con casos que se dan constantemente todos los meses de personas que por ser diferentes son asesinados y no solamente eso, sino que también hay otros tipos de violaciones a los derechos humanos. El tema de las violaciones correctivas a las lesbianas, lesiones graves, todo esto no debería ocurrir si, por ejemplo, en el Congreso hubiesen aprobado la ley de crímenes de odio del modo en que se propuso y que finalmente terminó siendo un saludo a la bandera".
En entrevista brindada a Radio San Borja este martes, Olivera señaló que pese a todo se espera que el nuevo Gobierno impulse las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no se repitan.
"Lo que nosotros esperamos es que el Gobierno de PPK y el Congreso implementen leyes y políticas favorables que reconozcan nuestros derechos, los promuevan y garanticen. Eso es lo que le corresponde hacer al Estado. No es ningún favor, es lo que le corresponde. Implementar políticas desde el Ejecutivo y en el Congreso dictar las leyes necesarias para que ese tipo de situaciones se eviten o en todo caso sancionar de manera efectiva a quienes nos agreden".
Esta no es una lucha reciente, pero es una lucha que debe continuar. Y desde LaMula.pe lo sabemos bien:
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