El secuestro y la desaparición de 43 jóvenes estudiantes mexicanos en septiembre de 2014 provocaron protestas masivas en todo México. En medio de informes que probaban la complicidad entre políticos locales, policías y mafias de narcotráfico por lo ocurrido, el presidente del país, Enrique Peña Nieto, se comprometió a que los responsables rendirían cuentas.
Las familias de las víctimas, quienes eran todos estudiantes de la escuela de formación docente de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, llevaron a cabo una vigilia de protesta frente a la oficina del fiscal federal en la Ciudad de México. Una evaluación independiente de la investigación, entregada en abril por un grupo de expertos internacionales, llegó a la conclusión de que las autoridades federales habían manejado mal la evidencia, ignorado pistas importantes, además de que se probó que se torturó a numerosos sospechosos para asegurar confesiones.
familiares de los estudiantes de la normal de ayotzinapa (foto tomada de yucatan.com.mx)
En última instancia, el caso Ayotzinapa ha puesto en evidencia una crisis profunda de impunidad -de origen político- en México. Durante tres años, la Open Society Justice Initiative y cinco organizaciones asociadas mexicanas han tratado de comprender las dimensiones y la naturaleza de esta situación.
El informe Atrocidades innegables: Frente a los crímenes contra la Humanidad en México considera que el aumento de la violencia se inició a finales del 2006, cuando el gobierno federal ordenó el despliegue de las fuerzas de seguridad, a gran escala doméstica, para combatir el crimen organizado.
Open Society llegó a la conclusión de que hay razones para creer que el gobierno federal y grupos de crimen organizado -en especial miembros del cartel de los Zetas-, han cometido asesinatos, torturas, desapariciones y que estas prácticas han sido generalizadas, sistemáticas y parte de una política para atacar a la población civil. Para la institución es base razonable para sostener que algunas de esas atrocidades constituyen crímenes contra la humanidad.
El Gobierno de México persigue un objetivo legítimo: someter a una delincuencia organizada alimentada con armas de fuego y la demanda de drogas desde el norte, pero lo hace con una violencia extrajudicial contra poblaciones civiles percibidas de estar asociada con los cárteles criminales.
Según el informe, no ha habido una regulación adecuada sobre el uso de la fuerza, y casi ninguna responsabilidad por los abusos. El Ejército de México, la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General han victimado no sólo los miembros reales de los cárteles, sino también a muchas personas inocentes y acusadas falsamente de criminalidad.
Los casos
Jorge Parral fue administrador de un puente secuestrado por una banda criminal. El Ejército Mexicano le disparó a quemarropa, luego lo enterró y calificó de sicario en abril de 2010. José Fortino Martínez fue arrastrado por las fuerzas armadas de su casa en junio de 2011 y nunca se le volvió a ver. Otra historia es la de un sobreviviente de 20 años de edad, quien fue secuestrado y torturado, y luego procesado por crimen organizado, porque en junio de 2014 fue testigo de la ejecución extrajudicial que miembros del Ejército perpetraron contra una docena de personas en Tlatlaya, y se negó a apoyar historia oficial fabricada de un tiroteo.
Jorge Antonio Parral Rabadán fue ejecutado por el Ejército en 2010. (foto tomada de www.sinembargo.mx)
De acuerdo con la Open Open Society, el gobierno federal, a pesar de las protestas públicas, en la práctica ha alentado o aceptado el uso de la tortura por parte de las autoridades: trató de proteger a miembros del Ejército y la Marina de investigaciones criminales adecuadas; mientras que los fiscales federales han reclasificado los mencionados crímenes como delitos menores, manipulando y falsificando pruebas.
El informe tiene como objetivo ayudar a México a superar estos problemas, así como con el cumplimiento de su obligación de investigar y enjuiciar los crímenes genuinamente.
Hay importantes reformas en el sistema judicial de México actualmente en curso. Sin embargo, estas iniciativas para hacer frente a delitos atroces son lentos, y se presentan en un contexto de activa obstrucción política, además de las fallas en serie de reformas a través de décadas.
Texto adaptado de Open Society.
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