“Ser abogado ha sido siempre mi vocación. En el colegio, una vez escribí un ensayo llamado ‘El derecho en la vida cotidiana’. La idea principal de ese texto era que cualquier relación social, incluso las del amor y de amistad, se basaba en un pacto tácito. Padres, hijos, esposos, enamorados, amigos, hermanos llegan, sin explicitarlo, a acuerdos de conducta. Los hábitos establecen esos acuerdos sobre su conducta. Si alguien el rompe el contrato establecido, si alguien se comporta de un modo distinto a como lo había hecho hasta entonces, traiciona su promesa a la relación, es decir, rompe el contrato. El Derecho está basado en las relaciones humanas. O al menos eso pensaba por entonces”.
Esta reflexión pertenece a Adrián Ormache, protagonista de La hora azul, novela escrita por Alonso Cueto y que ganó, en el 2005, el Premio José Herralde. El personaje principal de este libro –más allá del argumento de la novela- encarna el modelo de éxito más tradicional de nuestra sociedad: un hombre casado, con dos hijas hermosas, un sueldo con varios ceros a la derecha, y claro, el trabajo añorado por muchos: socio de un estudio de abogados.
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Cuando uno está por terminar el colegio y llega el momento de realizar los test vocacionales –si sabes leer y te interesa la historia o la política- muchos de tus familiares lanzarán la frase: "Deberías estudiar Derecho. Paga bien esa carrera". Nos pasó a muchos que terminamos la secundaria en el 2003 y a nuestros mayores. Quizás con palabras distintas pero el mensaje era el mismo.
No nos engañemos. A pesar de que muchos educadores, pedagogos y psicólogos enfatizan la necesidad de priorizar la vocación por encima de la remuneración económica, esta última es una variable importante al momento de escoger una carrera universitaria o técnica. Que tire la primera piedra quien no se preocupó –aunque sean por 5 minutos- por sus ingresos del futuro cuando tenía 16 o 17 años.
Ser abogado en el Perú genera un extraño efecto: admiración y desconfianza. Durante muchas décadas se la consideró una carrera de prestigio. Para una familia tener un hijo abogado era un orgullo casi equivalente al tener uno médico. Al mismo tiempo, hay palabras -alejadas de la ética- que son asociadas a los abogados: engaño, corrupción, coima, etc.
Sobre este último punto no se puede soslayar el hecho que este descrédito viene de la política. Como sabemos, hasta hace poco tiempo, la mayoría de nuestros políticos eran abogados. Hoy, el panorama es distinto. Aunque para Rafael Rodríguez, abogado y magíster en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica (PUCP), ese descrédito no se reduce a nuestras fronteras ni a nuestro tiempo.
"Creo que el desprestigio viene de la mano con el desprestigio de la política. Si uno revisa la historia de la humanidad se podrá dar cuenta que el Derecho, y los letrados, han estado presentes en los momentos y pasajes más importantes de la misma. Pues bien, el pasivo y el activo de ese peso histórico constituye una factura que todos los vinculados a esta hermosa carrera debemos cargar", señaló a LaMula.pe.
Existe otro aspecto fundamental sobre la mirada a los letrados: el Poder Judicial. Para nadie es un secreto que este goza de una mayoritaria desaprobación. Para el imaginario peruano el sistema judicial está poblado de seres mentirosos, inmorales, canallescos, casi una versión contemporánea de los orcos de la Tierra Media creada por J.R.R. Tolkien.
Si bien es cierto que desde la otra orilla se puede argumentar que parte de esa imagen negativa viene alimentada por los titulares de los medios de comunicación-que en algunos casos pueden ser exagerados o sensacionalistas- o informes sin asesoría jurídica necesaria, lo cierto es que jueces, fiscales y abogados se han ganado su imagen negativa a pulso. Cada cierto tiempo aparece un fallo cuestionable. Los últimos de ellos han tenido como protagonistas periodistas (los casos de Rafo León y Fernando Valencia) que han visto afectada su práctica profesional por denuncias que para muchos especialistas no tenían fundamento jurídico. Más grave fue lo sucedido con los sospechosos de pertenecer a la banda conocida como ‘Los rápidos y furiosos’ que fueron puestos en libertad por un 'problema de coordinación' entre la Fiscalía y la Policía Nacional.
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En agosto del 2009, el Colegio de Abogados de Lima presentó un proyecto de ley a la Comisión de Educación del Congreso de la República que buscaba suspender la creación y funcionamientos de nuevas facultades de Derecho. La iniciativa también buscaba la eliminación de la educación a distancia para esta disciplina académica.
Posteriormente, en el debate al interior de la comisión de Educación, se propuso añadir una directiva más: la supresión de los procesos de admisión para la referida carrera universitaria por dos años.
Como era de esperarse, la propuesta no fue bien recibida por autoridades académicas como Walter Albán y José Luis Sardón, decanos -por ese entonces- de las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, respectivamente. El segundo de ellos declaró al El Comercio: "Cada joven tiene derecho a elegir libremente qué estudiar y dónde. No se puede mejorar la calidad de la educación suprimiendo la competencia".
La propuesta –más allá de las posiciones a favor o en contra- ponía el foco de atención en un fenómeno que ya era evidente: el Perú tenía muchos abogados. Según las cifras que manejaba la Comisión de Educación, en el 2010, habían más de 97 mil abogados en ejercicio y más de 82 mil estudiantes de Derecho en todo el país. Un verdadero ejército.
¿Cómo han cambiado las cifras en los últimos 6 años? Un estudio publicado en el portal laley.pe (2014) reveló que existían 130 mil abogados colegiados en el país. Más del 50% de ellos estaban concentrados en Lima y Callao. En la región Huancavelica solo habían 291. El mismo documento señalaba que por cada peruano había 234 abogados.
Existe, sin embargo, algunos aspectos que nos gustaría resaltar del estudio citado. Por ejemplo, sobre los sectores de trabajo. Un 40% laboraba en el sector privado, 38% en entidades públicas y 22% en ambos. Los números parecen estar equilibrados en ese aspecto.
La sorpresas vienen cuando se les pregunta a los abogados sobre la administración de justicia, uno de los ejes centrales de su profesión. El 29% de los encuestados expresa que la administración de justicia es mala. Un 13% sostiene que es muy mala. Un 50% la califica como regular. Un panorama bastante deprimente. Si quienes están más cerca de las leyes tienen una visión negativa de la administración de justicia. ¿Qué pueden pensar los ciudadanos? Vamos a ponerlo en términos deportivos: ¿cómo se sentiría un hincha si se enterara que los jugadores de su equipo salen a la cancha con la consigna de que van a perder?
Si bien es cierto que las cifras nos indican que hay un exceso de abogados, existe una arista que debemos considerar: el Derecho es necesario para un Estado y una sociedad. Algunos podrían decir que necesitamos personas que sean capaces de entenderlo y ejercerlo con conocimiento y ética, lo cual es cierto, pero no basta ello. Quienes ofician esta profesión, pero sobre todo quienes la estudian, deben recordar que esta carrera no solo tiene un enfoque privado o individual sino también colectivo. Quizás ahí está una de las respuesta de la crisis del sistema judicial.
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Quienes empezamos nuestra vida universitaria en Estudios Generales Letras de la PUCP, hace 11 años, fuimos testigos de un fenómeno curioso: entre el 30% y 50% de tus amigos tenían como próximo destino la facultad de Derecho, quizás la más importante del país. Si ampliamos la mirada, hay que recordar que, por ese tiempo, la carrera de leyes era una opción bien considerada por los jóvenes. Hoy, el panorama es distinto. Han aparecido nuevas carreras, producto de una economía más demandante. Tan es así que Derecho no está considerada entre las diez carreras mejores pagadas, según el sitio Ponteencarrera.
No obstante, tal como mencionamos anteriormente, el problema principal no radica en la cantidad de abogados sino en la formación académica que se imparte.
Volvamos al 2005 y al fundo Pando. Una de las características de un estudiante de Letras que aspira a Derecho era su inclinación hacia el sector privado. Eran pocos los que estaban tentados en desarrollar su carrera en entidades públicas o en el Poder Judicial.
Alan Sánchez, abogado y consultor de Naturaleza y Cultura Internacional, considera que este fenómeno se debe a un tema de especialidades.
"La mayoría opta por especialidades como derecho civil, penal, tributario, mercantil, entre otras, porque tienen mayor desarrollo y oportunidades de prácticas en el sector privado”, señaló a LaMula.pe el egresado de la PUCP que, a diferencia de muchos de sus compañeros, decidió, poco después de ingresar a facultad, que se enfocaría en el derecho ambiental.
Desarrollo profesional también implica, como puede deducirse, buenos sueldos. Recordemos que un abogado, titulado y con dos años de egresado puede ganar –en promedio- S/ 3000 en un estudio jurídico. Desde luego la cifra puede aumentar, dependiendo del prestigio del bufete. Para hacer una simple comparación: un juez de paz letrado suplente gana S/3505.5 (sueldo más bonificación jurisdiccional). Pero aquí viene el detalle: alguien que desea ser juez debe pasar por varias filtros.
Entonces, ¿la solución está en aumentar los sueldos? No necesariamente. Como dijimos anteriormente, se trata de poner sobre el tapete y en la cabeza de los universitarios el impacto social que tiene el Derecho.
Este portal de noticias se pudo contactar con una extrabajadora del Poder Judicial que nos pidió mantener su nombre en reserva. Ella consideró que uno de los aspectos para mejorar nuestro sistema de justicia es el establecimiento de la obligatoriedad, para los estudiantes de Derecho, de pasar por el Poder Judicial .
"Creo que esto es básico y, por ejemplo, en la PUCP, el Servicio Civil de Graduados [que pueden prestan los estudiantes en su último año de estudios en entidades públicas] no era ningún logro, ni ningún mérito. De hecho, muchos estudiantes ni lo conocen, ni les interesa", apuntó.
Si ampliamos un poco más la mirada nos daremos cuenta que la tendencia a individualizar un oficio o una profesión es un fenómeno global. Precisamente una de las críticas que se hace al neoliberalismo es el 'privatización' de la educación, es decir, ver la enseñanza como un cúmulo de herramientas para el desarrollo de la actividad privada (o empresarial) y no de uno sostenible para la sociedad en su conjunto.
Sánchez, precisamente, apunta en esa dirección, cuando se le consulta sobre cambios estructurales -que deben realizar las facultades de Derecho en nuestro país- para posicionar la carrera de leyes, como un eje de desarrollo de la sociedad.
"Creo que si bien en las buenas universidades se forman profesionales competentes, académicamente hablando, no se proyecta un sentido de justicia, sino solo de ‘defensa’ de un cliente, y en mi experiencia de relación con colegas de otras universidades, se nota un enfoque en querer alargar los procesos y confundir a las personas para seguir cobrando, sacar más papeles o procesos y justificar la demora que significan más honorarios. Y, continuando esa línea, tendrás un juez (si alguien se anima a serlo) que solo verá la carrera como un negocio", señaló a LaMula.pe.
Para Rodríguez, quien se desempeña como profesor de Derecho Electoral e Historia de las Ideas Políticas en la Universidad San Martín de Porres, existe un problema de excesivo memorismo.
"Nuestra enseñanza es excesivamente formalista y legalista. Muchos docentes y alumnos creen que saber Derecho es igual a saber de memoria lo que dicen leyes y códigos. En segundo lugar, creo que los docentes tienen una muy escasa formación multidisciplinaria. Soy un convencido que para ser profesor de Derecho uno debe tener una sólida formación en humanidades y ciencias sociales. El profesor de Derecho promedio es una persona con una muy escasa cultura", expresó.
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Uno de los logros de este Gobierno y del Congreso de la República ha sido la promulgación de la Ley Universitaria, la cual establece que las Universidades de nuestro país se rigen por 17 principios, siendo uno de los más importantes, la ‘Ética Pública y Profesional’. A su vez, la normativa adopta "el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial".
Esto significa que las universidades no pueden ser meros centros de almacenamiento de información sino actores activos en el desarrollo de la sociedad a través de la formación de profesionales que conozcan la realidad peruana y que, sobre todo, sientan la necesidad de generar un cambio transversal. en ella.
No se trata tampoco de que todos los egresados universitarios sean obligados a trabajar en el Estado o en entidades públicas, sino de entender que el ejercicio de una carrera profesional tiene un efecto real en la colectividad. Y si esa práctica no se asume con responsabilidad, los efectos pueden ser nocivos ¿Por ejemplo? Que los habitantes de un país sientan que su Poder Judicial solo favorece a los ricos y a los políticos corruptos.
En el caso del Derecho, hemos visto como el desinterés por la formación de sus profesionales ha contribuido a la desconfianza de los peruanos en el sistema jurídico. Por supuesto, no es el único factor. Nuestra poca vocación democrática y la elección de gobernantes y parlamentarios incapaces o indiferentes para entender la realidad nacional y legislar a favor de ella son aristas que no debemos perder de vista. No olvidemos tampoco nuestra tendencia social a la corrupción y el poco apego a las leyes que contribuye al cultivo de jueces alejados de la Ética.
De ahí la importancia de continuar con la reforma universitaria que se inició durante este Gobierno y que ocasionó la resistencia de algunos actores que veían en la educación un mero ejercicio lucrativo.
A propósito de ello, ¿recuerdan quiénes fueron los candidatos presidenciales que mostraron, abiertamente, su desconfianza hacia la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)?
[Imagen de portada: tomada de josereyero.com]
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