Este jueves el Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre los años 1980-2000 cuyo principal objetivo es humanitario y busca que el Estado peruano cumpla con desarrollar una política pública para atender la problemática de miles de familiares de personas desaparecidas durante el periodo de violencia más intenso que sufrimos en el periodo republicano.
La votación arrojó finalmente 68 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones, entre estas últimas las de los congresistas Manuel Dammert y Rosa Mavila. El primero fue uno de los que más reparos presentó al plantear que no se deje de lado el tema de insistir en las denuncias y el hallar culpables.
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En más de una ocasión los familiares de desaparecidos civiles, así como viudas de militares y policías, han exigido al Estado atender este problema así como el compromiso de garantizar salidas legales para sus necesidades más elementales, como la de encontrar los restos de sus seres queridos y darles una sepultura digna.
El proyecto, que fue impulsado por la Defensoría del Pueblo y respondía a la demanda de miles de familias, contó con el respaldo de la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Todas ellas con un punto coincidente: la urgencia de contar con una política de búsqueda de personas desaparecidas.
Durante años, a pesar de los esfuerzos y aunque se conoce la ubicación de más de seis mil fosas comunes, la legislación peruana no ha facilitado la búsqueda de los cuerpos de más de 15 mil peruanos desaparecidos: hombres, mujeres y niños. Un nuevo marco legal propiciaría la identificación forense, los rituales fúnebres y el acompañamiento y apoyo emocional a las familias.
Aquí los minutos finales del debate:
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