Una gran noticia para la defensa de los derechos humanos. El Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador decidió este viernes anular la sentencia de 40 años de prisión para María Teresa Rivera (33), quien había sido acusada de "homicidio agravado" tras sufrir un aborto.
La defensa legal de la acusada argumentó que no existían pruebas de que su patrocinada había realizado alguna acción que atente contra la vida del feto. A ello se sumaba que la autopsia realizada no esclareció si nació vivo o muerto.
Cabe mencionar que Rivera fue detenida hace 5 años (2011) en un hospital a donde había sido trasladada luego de que su suegra la encontrara en el cuarto de baño casi inconsciente y con abundante sangrado. ¿Qué había sucedido? La ciudadana salvadoreña había sufrido un "problema obstétrico", lo cual ocasionó que sufriera un aborto cuando tenía menos de 21 semanas de embarazo. A pesar de ello, el personal del hospital la denunció ante la policía.
Como el parto se había producido fuera de una institución médica (extrahospitalario), no podía ser calificado como aborto. Ante ello, el Ministerio Público del país centroamericano la denunció por "homicidio agravado". Así, en el 2012, la acusada fue condenada a 40 años de prisión efectiva.
Sin embargo, el Juzgado Tercero de Sentencia anuló esta decisión porque no había "elementos probatorios que determinaran que fuera ella la que le quitara la vida a su hijo". Amnistía Internacional (AI) -a través de un comunicado difundido en México- consideró la liberación de Rivera como una gran victoria. "La liberación de María Teresa es otro paso hacia la justicia en un país donde las mujeres son tratadas como meras ciudadanas de segunda clase", señaló Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, citada en el pronunciamiento.
En esa línea, la organización defensora de los derechos humanos señaló que la decisión del tribunal salvadoreño debe ser un impulso para hacer justicia en un país donde "docenas de mujeres son encarceladas bajo una ridícula ley anti-aborto que no hace más que poner las vidas de miles de mujeres y niñas en peligro".
El comunicado también recuerda que debido a una modificación del Código Penal -introducida en 1998- el aborto en El Salvador está prohibido en todas las circunstancias incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto, o cuando la vida de la mujer corre peligro.
"El cambio en la ley ha dado lugar a procesamientos erróneos y a una aplicación indebida del derecho penal en que se presupone inmediatamente que las mujeres son culpables. La prohibición afecta especialmente a las mujeres con pocos recursos económicos", asevera la misiva.
[Con información de EFE y BBC]
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