Pese a que el propio presidente del Legislativo, Luis Iberico, se comprometió a impulsar la elección del Defensor del Pueblo en esta legislatura, lo cierto es que el último miércoles, el Pleno no llegó a reunir los votos necesarios para elegir a la persona que liderará esta importante institución. 

Sin embargo, lo más importante acaso, es que de los dos candidatos para este cargo: Eduardo Vega Luna y Gastón Soto Vallenas, este último ha generado una serie de cuestionamientos sobre su capacidad para desempeñar el cargo.

En diálogo con LaMula.pe, el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, señaló que durante su trayectoria en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Soto Vallenas impidió la no ratificación del fiscal Farro, quien fuera responsable de afectar los derechos de los fiscales que investigaron al entonces presidente del Gobierno Regional de Áncash, César Álvarez.

"Cuando el fiscal Farro debió ser examinado para una eventual no ratificación, el doctor Soto Vallenas hizo uso del voto dirimente para conseguir una mayoría que impidiera su no ratificación", señaló a este medio.

Albán indicó que Soto Vallenas participó en la decisión por la cual se archivó la investigación contra el ex Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. "[Soto Vallenas] no había colaborado con la investigación de la Corte en Nueva York en cuanto a una investigación sobre lavado de activos y narcotráfico en el caso de los Sánchez Paredes", afirmó.

El director ejecutivo de Proética recordó además que cuando se debió abrir el expediente de la comisión disciplinaria contra Peláez Bardales, Soto Vallenas tuvo en sus manos este expediente pero "no movió nada durante un año". "Eso explica porque se le llegó a dar una sanción al ex fiscal Ramos Heredia pero prácticamente no hubo manera de hacer lo propio con Peláez Bardales".

Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), recordó también que en su momento Soto Vallenas votó a favor de no abrir investigación disciplinaria a la sala presidida por Javier Villa Stein, que señaló que los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri no fueron casos de lesa humanidad.

"Y cercenó sin debida motivación las penas que en una primera instancia se le había puesto al grupo Colina”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio. "Señaló que no había motivo para abrir proceso disciplinario sobre ese hecho. El consejero Gastón Soto en ese entonces era presidente del Consejo y votó a favor de esa decisión", dijo.

En tal sentido, recordó que aquella vez la decisión de Soto Vallenas generó el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ideeleradio ha publicado un documento que expone las razones por las cuales Soto Vallenas no debería ser elegido para liderar el trabajo de la Defensoría del Pueblo que incluye estos y otros puntos.

Queda claro que el destino de la Defensoría del Pueblo está en manos del Legislativo, no obstante, la advertencia en el caso de Soto Vallenas ya está hecha. Solo queda ver cómo se comportarán las bancadas parlamentarias.