La mayoría opositora del Parlamento venezolano aprobó el martes un "Acuerdo en exhortación" a los poderes Judicial, Electoral y Ejecutivo a cumplir la Constitución "y preservar la paz en Venezuela" tras señalar que estas ramas limitan al Legislativo y obstaculizan el ejercicio democrático.
En el documento aprobado en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) se acordó: "Denunciar la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela materializado en la violación de las disposiciones constitucionales por parte del Poder Ejecutivo", del Tribunal Supremo (TSJ) y Poder Electoral.
Asimismo, se insta al Ejecutivo, en la persona del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "a remover los obstáculos que impiden el diálogo", que dé "muestras claras de su responsabilidad en la conducción del Gobierno" y "abandone el discurso de la ofensa y del odio".
También se le pide a Maduro que "active los mecanismos de liberación de los presos políticos" y "acepte la ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicamentos".
Además se rechaza el supuesto "activismo político partidista de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ que con el pretexto de la interpretación y control previo de la constitucionalidad de las leyes sancionadas por la AN han pretendido desconocer la autoridad del Poder Legislativo".
También se pide "instar" a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Mercado Común del Sur (Mercosur) y a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se pronuncien para exigir a los poderes públicos de Venezuela la "vigencia efectiva de los derechos fundamentales".
Esto último "con particular vigilancia sobre la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, para que ésta garantice el ejercicio y goce efectivo de los derechos políticos de los venezolanos, entre ellos el derecho al referendo revocatorio" para acortar el mandato de Maduro.
Los diputados de la bancada opositora defendieron el acuerdo señalando que la AN ha dictado leyes que inmediatamente son anuladas por el Supremo, o ha tomado decisiones, como la moción de censura contra un ministro, que fue tumbada con un decreto presidencial.
"¿Quién cree que en Venezuela existe Estado de derecho? Eso es mentira (...) lo que hay es un golpe de Estado ejecutado por el TSJ en estos últimos 90 días y ustedes lo saben y lo están avalando", dijo el diputado opositor Carlos Berrizbeitia a la bancada chavista.
El presidente de la AN y también opositor Henry Ramos Allup señaló por su parte que el TSJ no es un organismo autónomo y que supuestamente actúa como "bufete" del Gobierno.
"Nosotros no vamos a desmayar y que vamos a mantener intacto el deber que asumimos con nuestros electores de hacer de este poder un poder autónomo que legisle, que controle, que debata y que procure la solución constitucional para salir democráticamente del peor Gobierno que ha tenido Venezuela en su historia", dijo Ramos.
La bancada chavista criticó el acuerdo y tras acusar a la oposición de buscar desestabilizar al Gobierno con este tipo de iniciativas dijo que los adversarios del oficialismo quieren una intervención internacional en el país.
"Lo que se busca verdaderamente y objetivamente es que con una mayoría de la oposición y de la derecha venezolana se pueda seguir configurando todo un expediente por instrucciones de las grandes potencias extranjeras que permita una posible intervención extranjera en nuestro país", dijo el chavista Yul Jabour.
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Texto y foto de cabecera de EFE
