En menos de tres meses, el gobierno de Ollanta Humala llega a su fin. Entre los pocos logros que pretende exhibir está el de los avances en cuanto al ordenamiento territorial (OT), que consiste en determinar en qué zonas puede realizarse actividades extractivas y en cuáles no.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal (en el cargo desde diciembre del 2011), ha manifestado que "los avances son tan significativos que no hay forma que se dé marcha atrás" y sostuvo que las críticas al proceso de ordenamiento territorial "son mitos".

Sin embargo, especialistas en este tema advierten que no todo es color de rosa, pues sostienen que no existen planes de OT, al no existir una norma; y que la Ley 30230 para "promover las inversiones" ha sido "un duro golpe" en este tema.

El coordinador del proyecto ACPIc, Rafael Salgado, afirmó sobre la Ley 30230, que tiene en proceso una demanda ante el Tribunal Constitucional:

“A partir de esta norma, por más que mediante un Plan de Ordenamiento Territorial se defina usos determinados para los territorios, al no ser vinculante, el Estado tiene la posibilidad de omitir lo establecido”.

Por su parte, Ana Leyva, de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, afirma que el OT debe tener una norma vinculante como en otros países, pues el Perú está "de espaldas al mundo al seguir debatiendo acerca de si el OT es vinculante”. 

El sociólogo de CooperAcción, Alejandro Chirinos, afirma que el gobierno no ha tenido voluntad política para aprobar una ley de OT.

“Una ley permitiría articular mejor todos los instrumentos de gestión. Sin ella, se corre el riesgo que las decisiones tomadas en los diferentes procesos se invaliden”. 

A su turno, Eduardo Ballón, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, indicó:

“Es irracional subordinar la organización del territorio, a contar con toda la información que, en teoría, se requiere. A este paso, cuando se termine de elaborar el último estudio, el primero puede que ya este desactualizado. Esto puede llevarnos a un círculo vicioso como resultado de la falta de voluntad política”.

Los especialistas destacaron que varios gobiernos regionales y municipalidades; a diferencia del gobierno central, han mostrado, pese a sus limitaciones, "voluntad política" para llevar a cabo procesos de OT. 

A esto se agrega que comunidades de Áncash, Apurímac, Cusco y Huánuco, en articulación con sus municipalidades distritales, han promovido procesos de gestión territorial comunal que buscan armonizar diferentes usos y ocupación del territorio a nivel local.

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