La Ley 30230 (conocida como 'Ley del paquetazo') contempla artículos que si bien promueven la inversión en el país, pone en riesgo el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado, así como la propiedad sobre los territorios que tienen las comunidades indígenas y campesinas, entre otras afectaciones", aseguran la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Como se recuerda, el 9 de abril se interpuso al Tribunal Constitucional (TC) la demanda de inconstitucionalidad contra esta norma (que establece medidas tributarias, simplificación de procedimiento y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país), con el respaldo de más de 10 mil firmas. Asimismo, el 13 de julio se complementó la demanda con la presentación de un informe especializado en materia medioambiental (elaborado por IDLADS). Hasta el momento, la demanda está en etapa de calificación y se espera su admisión.
Henry Carhuatocto, presidente del IDLADS, advierte el debilitamiento ambiental como consecuencia de esta ley, así como la problemática actual del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en su labor fiscalizadora y sancionadora. “Si le quitan la capacidad de multar, le están robando la esencia al OEFA”. También se refirió de las presiones del organismo para que no reciba el aporte por regulación minera.
Otro ejemplo, sobre la afectación de Ley 30230 a la que se refirió Carhuatocto fue el proceso de debilitamiento en la evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA), lo cual se empeora con los plazos que tiene que cumplir el funcionario evaluador, que de no cumplirse es afecto a sanción administrativa.
“Los EIA, hoy por hoy, son información de forma, mas no de fondo. Como ahora tienen que aprobarse en menores plazos se ve todo muy superficialmente. Empora la situación, si añadimos la carga laboral del trabajador público”, subrayó.
El presidente de IDLADS también solicitó al TC se pronuncie respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Ley 30230, pues “si bien no hay un plazo establecido para ello, lo razonable es que no sobrepase el mes, tiempo suficiente para calificar la demanda", pues lo único que se pide es regresar al marco legislativo ambiental anterior y se respeten los principios de SEIA, asegurándose un ambiente sano y equilibrado.
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