La Comisión Europea presenta hoy una propuesta para activar un mecanismo de distribución automática de refugiados que se activa si algún Estado recibe un 50% más de las demandas que puede asumir. Frente a ello, el Ejecutivo plantea sanciones en dos vías: los países que no quieran repartirse a estos demandantes de asilo pagarán 250.000 euros por cada persona a la que no quieran acoger; y, por primera vez los refugiados que vulneren las reglas tendrán que afrontar multas. 

La crisis de refugiados estableció el principio que estipula que cada demandante de asilo deberá presentar su solicitud en el primer país de la Unión Europea al cual arriba. Frente a ello, Bruselas planteó en abril de este año la posibilidad de habilitar la opción de compartir responsabilidades, sin embargo, solo un tercio de los Estados, entre ellos Alemania, Italia y Grecia, respaldó la iniciativa. Es así que para vencer estas resistencias, el Ejecutivo comunitario propondrá hoy que cada país siga tramitando sus peticiones hasta cierto nivel; si este se llega a superar, habrá un mecanismo corrector y de justicia para transladarlas a otros Estados. 

A cada Estado se le asignará un número determinado de demandas de asilo que se consideren asumibles en función de su PIB, su población y el número de refugiados que ha acogido desde países terceros. 

Si el país recibe un 50% más de esta cifra, se activará el reparto automático. Para ello la agencia europea de asilo (EASO) fijará la clave de la distribución y controlará todo el proceso, facultades que implicar ampliar sus competencias. 

El sistema sigue la lógica del mecanismo de emergencia activado en septiembre del año pasado para repartirse a 160 mil refugiados en dos años, que a pesar de que sigue vigente solo ha logrado el 1% de sus objetivos. Asimismo reforma otros elementos del marco común de asilo con la finalidad de agilizar las decisiones y perseguir más eficientemente los casos de fraude. 

Las sanciones

Consciente del rechazo que trae como consecuencia el reparto en ciertos países, sobre todo en el bloque del Este, la Comisión establece desde el inicio una penalización disuasoria para que nadie se desvincule. 

Y es que frente a los 12.000 euros que cuesta anualmente integrar a cada refugiado, la UE propone 250.000 euros por cada refugiado que rechace. Ese dinero debe entregarse al Estado que finalmente se haga a cargo de la persona. Además la exclusión del sistema solo podrá plantearse en principio por un año. 

Fuentes europeas indican que cifra es controvertida y que podría verse modificada, puesto que es una suma de dinero muy elevada que los Estados miembros tratarán de rebajar, e inclusive eliminar por completo.

Cabe indicar que este tipo de sanciones ya figuraban en la normatividad de la Comisión Europea, sin embargo la verdadera novedad consiste en extender las sanciones también a los demandantes de asilo. 

Una de las razones por las que el sistema actual no funciona adecuadamente consiste en la movilidad de los candidatos a protección. De ellos el 24% presenta sus papeles en más de un Estado y muchos solo aceptan registrarse en 'países benévolos' en el trato de los refugiados. En consecuencia, Alemania y Suecia han acumulado una gran parte de la carga de los asilados. 

Para evitar esto, la Comisión exige a los refugiados que se queden en el país donde presentan su solicitud o donde sean reubicados. Si no lo hacen, deberán enfrentarse a 'consecuencias proporcionadas de procedimiento' o a que su solicitud se tramite aceleradamente, lo que significa menores posibilidades de éxito. 

Asimismo para evitar los desplazamientos entre países, se plantea ofrecer prestaciones a los asilados solo en el lugar donde deban permanecer, 'con excepción de los cuidados sanitarios de emergencia'. 

(Con información de elpais.com)

(Foto de cabecera: EFE)

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