Habla fuerte. Baltasar Garzón, el juez español que se atrevió a dar una orden de detención contra el extinto dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, mostró su posición sobre el juicio político que se ha iniciado en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, al que calificó de "golpe institucional".
En un artículo publicado el lunes 25 en el diario El País de España (y reproducido hoy en el diario La República), titulado "Ética política y Justicia en Brasil", Garzón comparó esta situación a la producida en Honduras con el presidente Manuel Zelaya en el año 2009; y la que ocurrió en Paraguay con Fernando Lugo, en el 2012.
"debo decir que soy capaz de percibir que el espectáculo ofrecido con el juicio político seguido contra la presidenta Dilma Rousseff se asemeja mucho a los ya vividos en otros países como Paraguay u Honduras, en los que, como ahora, el golpe se fraguó institucionalmente por parte de quienes solo están interesados en alcanzar el poder a cualquier precio".
Garzón afirmó que tanto Rousseff como su antecesor en la presidencia del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, son "personas y referentes de la buena política defensora de los derechos de los pueblos, de los trabajadores y de quienes son los eslabones más débiles de la cadena humana".
El abogado español lamentó que tanto Lula como Dilma estén "en el punto de mira de las corporaciones que, insensibles a los sentimientos de los pueblos, a favor de sus aviesos intereses, buscan eliminar todos los obstáculos que obstaculicen su posición de privilegio y control económico sobre los ciudadanos, sobre su presente y especialmente para dominar su futuro".
"En esta dinámica perversa, se busca eliminar política y civilmente a quienes se les oponen y defienden a los más débiles; a aquellos a los que siempre se les privó de la voz y la palabra a la hora de marcar el destino de sí mismos".
EL PAPEL DE LA JUSTICIA EN BRASIL
De acuerdo a su propia experiencia personal, Garzón sostuvo que "este juego de intereses cruzados" no busca la justicia, sino "acabar con el oponente político, instrumentalizando, de paso, a uno de los poderes básicos del Estado que pierde el equilibrio que debe mantener en momentos tan delicados para el pueblo, en beneficio de unos oscuros fines, alejados de la confrontación política transparente y limpia". Por eso, hizo una exhortación a la justicia brasilera:
"La pérdida de las libertades y la sumisión de la Justicia a intereses espurios puede costar un precio excesivo al pueblo brasileño. El Poder Judicial y sus componentes deben defender a la ciudadanía frente a este intento evidente y grosero de instrumentalización interesada".
Garzón añadió que "el objetivo no es ni siquiera, como dicen, acabar con el proyecto político del Partido de los Trabajadores y sus máximos exponentes, sino someter a la población de forma irreversible a un sistema vicarial controlado por los más poderosos económicamente".
También sostuvo que la justicia de aquel país "debe tener ahora los ojos más abiertos que nunca" ante lo que considera "un ataque al sistema democrático que se constata a través de un juicio político sin consistencia ni base jurídica suficiente".
Por ello, exhortó al pueblo brasilero "luchar permanentemente por la democracia". Y no solo se refirió al caso de Dilma Rousseff, sino al del mismo Lula
"(Ambos) representan el mejor proyecto en términos de política social e inclusiva y que, en caso de que tengan incurrido en irregularidades, merecen un juicio justo y el derecho básico a la amplia defensa y no un aquelarre expiatorio en la plaza pública por quienes no tienen el derecho ni la categoría ética para hacerlo. El pueblo brasileño, nunca perdonará este ataque frontal a la democracia y al Estado Democrático de Derecho".
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