El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró como un "atropello" la posibilidad de que el periodista Rafo León sea condenado por el delito de difamación por el solo hecho de ejercer su derecho expresarase a brindar opinión.

“Estos atropellos deben motivar una reacción ciudadana y las autoridades, en este caso el Congreso de la República, deben proceder para impedir que nuestra democracia se vea afectada por tan graves arbitrariedades y excesos de poder”, señaló en un comunicado publicado por Proética.

Como se recuerda, León ha sido denunciado por escribir una columna de opinión en la revista Caretas, en la que comentó un artículo de la entonces editora del diario El Comercio, Martha Meier Miró, cuyo texto contenía fuertes críticas a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

En tal sentido, Albán consideró preocupante no solo este caso sino también el del periodista Fernando Valencia, quien recientemente fuera sentenciado a un año y 8 meses de prisión suspendida bajo el cargo de haber publicado en una portada de Diario 16, publicación de la que era director en ese entonces, declaraciones del presidente del Perú, Ollanta Humala, en contra del ex mandatario Alan García. 

Al respecto, el director ejecutivo de Proética consideró que estos hechos tienen "una transcendencia que va más allá de las personas afectadas" no solo porque "se trata de la vulneración de sus derechos fundamentales" sino además porque, según indicó, “nos encontramos una vez más ante la evidencia de una instrumentalización del Poder Judicial para impedir la crítica”. 

“Resulta inaceptable que este tipo de utilización de un Poder del Estado, pueda finalmente afectar la democracia y el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Por eso tenemos que reaccionar”, agregó en sus declaraciones.

Finalmente, Albán se sumó al pedido de quienes proponen revisar la vigencia de los delitos de calumnia o difamación ya que, en su opinión "vienen siendo utilizados con mucha frecuencia para afectar derechos ciudadanos". 

“Más allá de impedir de que se consumen las condenas a estos periodistas, se trata de que nadie en el país tenga que encontrarse en riesgo de perder su libertad o patrimonio como consecuencia de expresar una opinión crítica”, señaló.