Las muestras de rechazo a la sentencia contra del periodista Fernando Valencia que le impuso un año y ocho meses de pena además del pago de S/100.000 por haber citado una frase del presidente Ollanta Humala alusiva a Alan García, continúan llegando desde distintas organizaciones e instituciones defensoras de la libertad de prensa.
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) el fallo del juez William Luyo vulnera los derechos y libertades del exdirector de diario16, además de ejemplificar cómo los poderes fácticos manejan la justicia en el Perú.
Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Institución, señaló en diálogo con LaMula.pe que la sentencia condenatoria contra Valencia "es terrible" no solo porque atenta contra la libertad de expresión sino porque "evidencia el nivel de infiltración de poder político sobre la administración de justicia y cómo se está usando para poder avasallar la libertad de expresión".
En ese sentido, consideró que el caso del también periodista Rafo León -cuya sentencia por la demanda de difamación que le interpuso Martha Meier se dará a conocer en unos días-, no será muy diferente.
"En el caso de Rafo León quien denuncia obviamente lo hace desde un espacio de poder político. Martha Meier ha sido vocera oficiosa del fujimorismo, además de haber sido candidata de esta fuerza política. En ambos casos no estamos frente a figuras de difamación. En el caso de Valencia es escandaloso porque lo que él hace es reportar lo que registra en las declaraciones del presidente de la República, y en el caso de León estamos frente a una opinión respecto a lo que Martha Meier ha hecho sistemáticamente desde su columna editorial en El Comercio, difamando constantemente a la entonces alcaldesa Susana Villarán. Lo que hay es una opinión de Rafo León sobre los límites que puede tener una persona que ejerce un liderazgo de opinión en un medio como ese".
Bracamonte expresó su preocupación no solo a lo que significarían ambos fallos, sino a que estos se den en un contexto en el que una fuerza política como el fujimorismo tiene altas probabilidades de 'copar' los poderes del Estado.
"Hay una alta preocupación no solo desde la prensa sino desde los organismos de derechos humanos respecto a lo que vendría en adelante en un escenario donde el poder Legislativo, Ejecutivo y otros como el Judicial estén copados por el propio fujimorismo. ¿Qué van a hacer de las libertades básicas del país si esto ocurre cuando aún el fujimorismo no se instala en pleno ejercicio de sus poderes? Entendemos que hay desde ciertos espacios institucionales la necesidad de evidenciar ciertas lealtades al poder que se haría del Estado".
Asimismo, consideró que ambos casos no son hechos aislados o que competen únicamente a quienes los protagonizan, sino que dejaría en evidencia el nivel de injerencia política en la administración de justicia
"Yo no creo que es un problema particular de Fernando Valencia o Rafo León. Lo que está en cuestión es la libertad de prensa, de expresión, de opinión, que está siendo avasallada por el poder político. Y en ambos casos, tanto el del señor (Alan) García como el de la señora Martha Meier, ellos son expresión de un poder político que de alguna manera ha contaminado al Poder Judicial y se está convirtiendo en un instrumento de control sobre la libertad de opinión de los peruanos. Eso es grave y más aún cuando entramos a un escenario donde muy posiblemente los poderes del Estado terminen concentrados en manos de un solo partido político".
Reiteró el compromiso de la CNDDHH de seguir atentamente ambos procesos (Valencia apeló la sentencia y León ha deslizado que no se quedará de brazos cruzado si se le llega a condenar) e hizo un llamado para que la sociedad se una en defensa de la libertad de expresión.
"Nos hemos puesto en contacto (con los periodistas) Ellos tienen su propia defensa pero desde la Coordinadora tenemos claro que el movimiento de derechos humanos tiene que acompañar ambos casos. Tenemos que cerrar filas en defensa de las libertades y de la libertad de expresión".
Pronunciamiento de la CNDDHH
Este lunes La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó a través de un pronunciamiento público la sentencia aplicada contra el periodista Fernando Valencia considero que esta vulnera sus derechos y libertades. Aquí el texto al completo:
En marzo de 2013 se publicó en la carátula de Diario 16, de manera textual y entrecomillada, las declaraciones del presidente Ollanta Humala en relación al ex- presidente Alan García. Pese a que se trataba de una cita, García Pérez denunció al periodista por difamación aduciendo que “ataca mi honor y reputación, agravio extendido a toda mi familia que en mí tiene el concepto de buen padre, ciudadano decente, intelectual brillante…” (1). En ese mismo año el Poder Judicial desestimó la demanda aduciendo que en el titular en mención “no existe ánimo de mancillar el honor y la reputación del líder aprista, y mucho menos presentar una opinión personal del querellado”. Sin embargo, García Pérez apeló esta decisión, para lo cual incluso calificó al periodista Valencia de delincuente.
El día de hoy, el juez William Alexander Lugo Villafana condenó a Fernando Valencia a 1 año y 8 meses de prisión suspendida (no efectiva) y al pago de cien mil nuevos soles a favor del ex presidente Alan García Pérez.
Lo que hizo Diario 16 fue resaltar las críticas realizadas entre políticos. El periódico en mención no se atribuyó en ningún momento como suya la frase de la caratula, sino que fue claro en la portada al señalar que la frase “Ladrones en la cárcel y no en el poder” fue del presidente Humala; es decir, Valencia Osorio no imputó un hecho, una cualidad o conducta a García Pérez.
La sentencia no solo vulnera los derechos y libertades del periodista Valencia Osorio, sino que además es un ejemplo de cómo los poderes fácticos manejan la justicia en nuestro país y es una advertencia de estos poderes a la prensa independiente. Por otro lado, esta sentencia pone en evidencia que quienes realmente manejan la justicia sí pueden incurrir en delitos y tienen el poder suficiente para encubrirlos.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresamos nuestra solidaridad con el periodista Fernando Valencia Osorio y llamamos la atención pública frente a una sentencia que no respeta la jurisprudencia del Poder Judicial (con relación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión). A su vez, reafirmamos la imperiosa necesidad de fortalecer todo el sistema judicial para que este sea un poder verdaderamente autónomo y así se fortalezca el Estado democrático y social de derecho.
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