En todo este escándalo de Mossack Fonseca faltaba una conexión directa con el Apra. En los primeros destapes que involucraban a nuestro país se insinuó una relación entre Alan García y el empresario Jaime Carbajal, quien aparece en la masiva filtración de datos del gabinete panameño de abogados.
Faltaba, pero apareció. El abogado José Luis Castañeda Neyra ocupó cerca de quince puestos clave durante los dos gobiernos de Alan García mientras mantenía vínculos con empresas que tenían contratos millonarios con el Estado. Fue la mano derecha, además, de Jorge del Castillo, hoy virtual congresista y ex presidente del Consejo de Ministros. Ambos estudiaron entre 1968 y 1974 la carrera de Derecho en la Universidad San Marcos.
Castañeda Neyra aparece vinculado a una empresa offshore gracias a los servicios de Mossack Fonseca, dos meses después de que dejara su puesto de secretario general del Ministerio de Vivienda. Su salida de dicho ministerio fue por causa de una denuncia ante la Fiscalía de parte de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción debido a que las empresas constructoras que él representaba tenían contratos con el Estado mientras él ocupaba cargos públicos.
Luego de esta poco honrosa salida, el aludido se presentó ante la agente de la filial peruana de Mossack Fonseca, Susana Kam, para tramitar el otorgamiento de un poder de la empresa 'offshore' Tamarit Engineering L.T.D a favor suyo y de otro oscuro personaje, Duccio Ciabatti Salocchi.
Este empresario fue presidente de Inversiones Mont Blanc S.A, firma inmobiliaria que fue asesorada por el estudio de abogados de Castañeda Neyra. Y que tenía también a Juan Sarmiento Soto, ministro de Vivienda cuando Castañeda Neyra era viceministro, como vicepresidente.
Esta era una de otras cuatro empresas en el rubro inmobiliario de Ciabatti, rubro donde el ex ministro Juan Sarmiento y Castañeda Neyra tomaron decisiones en nombre del Estado peruano. El conflicto de intereses es más que claro.
El objetivo de la adquisición de poderes sobre esta 'offshore' de parte de Ciabatti y Castañeda Neyra, cuando el segundo dejó de formar parte del Estado, era el facilitar el desvío de fondos en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y proyectos de energía que estaban desarrollándose desde un grupo de otras empresas que estaban a nombre del primero.
Tres semanas antes de la salida de Castañeda Neyra del Estado, también fue inscrita en registros públicos una compañía dedicada a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica: el Consorcio Trasvase Crisnejas, en el que aparecen Ciabatti y Castañeda como fundadores. Días después se incorpora al directorio a sus esposas: Ángela Chaluja Bumachar y Magalis Andrade Velásquez, respectivamente.
La compañía fue inscrita con el domicilio fiscal avenida La Encalada 1420, oficina 703, en Santiago de Surco. Es la misma dirección que Mossack Fonseca indica como domicilio de Ciabatti y Castañeda cuando les otorgaron los poderes de la offshore Tamarit. En ese mismo lugar operan, según Sunat, las cuatro constructoras activas de Ciabatti.
Al informar, en un correo del 16 de marzo de 2011, la venta de la compañía Tamarit a la sucursal de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas (IVB), Susana Kam escribió: "el señor Ciabatti se dedica al negocio inmobiliario, y también está desarrollando en el Perú proyectos de energía. Tiene empresas en el Perú. La sociedad Tamarit será accionista de estas empresas”.
Consorcio Trasvase Crisnejas fue creada con un capital social de 3 mil soles, cifra que contrasta con la inversión de un proyecto hidroenergético en Cajamarca, que oscilaba entre mil y mil quinientos millones de dólares, y que estos empresarios propusieron al gobierno de dicha región, como aparece en el acta de la sesión ordinaria N° 061 del 10 de enero de 2012 del Consejo Regional. Ante esta instancia, Duccio Ciabatti expuso su plan de inversión.
El proyecto contemplaba la construcción de una reserva de las aguas del río Crisnejas, en Cajamarca, así como de un trasvase y centrales hidroeléctricas. El inicio de actividades de Consorcio que ejecutaría esta obra coincide con la obtención del poder sobre Tamarit Engineering la primera semana de abril de 2011.
Lamentablemente (para los inversionsitas) este proyecto energético no se logró ejecutar. Pero no fue por falta de interés de los empresarios peruanos sino por el rechazo de la población de valle de Condebamba que iba a ser afectada. Eso sucedió a mediados de 2012. En agosto de ese año el Consorcio se dio de baja en Sunat.
Pero ese año no le fue del todo mal a Castañeda Neyra: en 2012 la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur archivó la denuncia que pesaba contra él. Además, varias empresas en las que estaba involucrado continuaron haciendo negocios con el Estado.
Para más información puedes ver el informe completo del caso en Convoca.pe.
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