El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, negó tajantemente que se pretenda otorgar seguridad policial vitalicia a los hijos y a la esposa del presidente, así como sus padres, tras la polémica que suscitó el Decreto Supremo N° 004-2016-IN expedido por el presidente Ollanta Humala en febrero último, donde se aprueba el Reglamento del numeral 16 del artículo 19 del Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú, modificado por el Decreto Legislativo N° 1230, sobre seguridad y protección a funcionarios y personalidades.

"Eso es falso. Lo he desmentido ayer en varios canales que han llamado a mi despacho y lo reitero, no es verdad. La única seguridad vitalicia solamente son (para) los expresidentes constitucionales del Perú y la primera resolución suprema se da en el año 1985 durante el gobierno de Alan García y dice claramente para los expresidentes constitucionales y sus cónyuges. La última directiva que está vigente la da también Alan García el 25 de julio del 2011 durante su segundo gobierno y esa es la que está vigente", dijo Pérez Guadalupe en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, el titular del Interior indicó que fue el comando policial el que solicitó la publicación del mencionado dispositivo legal para reordenar el cuadro normativo vigente, ya que a fin de evitar irregularidades consideraron conveniente la creación del concepto de “seguridad integral”, bajo cuya modalidad sea incluido el núcleo familiar de los presidentes en ejercicio y de los expresidentes.

"Lo que quiero dejar claro es que la seguridad es integral y en la norma se ha dividido seguridad integral, seguridad semi-integral y personal y en la semi-integral se pone presidentes y expresidentes. Falta todavía la directiva y en esa directiva que es la que especifica el número, las movilidades, el tipo de seguridad, se va a especificar que una cosa es cuando es presidente de la República y otra cosa es cuando pasa a ser expresidente, y en esa directiva por ejemplo va a figurar que no va a haber seguridad para los padres de los expresidentes, lo que sí va a haber seguridad es al núcleo familiar con los mismos efectivos del expresidente, no se va a aumentar".

Pérez Guadalupe precisó que los exmandatarios mantendrán su comitiva de 14 efectivos policiales destinados para su seguridad y que lo que está en evaluación es el aumento de una unidad a la seguidora con la que ya cuentan, lo cual no implica que esté destinado para el resguardo de sus familiares, sin embargo, al ser consultado sobre lo que dice el artículo 5 del mencionado decreto supremo, en el que se señala que "el servicio se otorga de oficio y cubre la seguridad el cónyuge, padres e hijos de la persona resguardada", que en este caso abarca al presidente de la República electo y a los exmandatarios, respondió:

"Lo que no dice es la modalidad de la seguridad. Como repito, para los presidentes en ejercicio, toda la seguridad necesaria. Eso no está en discusión. El tema se plantea en los expresidentes. Lo que se ha abierto la posibilidad porque en este momento la directiva solamente dice a la persona del presidente. Yo hace unos años, por ejemplo, he visto a una exprimera dama entrando a un centro comercial donde yo estaba y entraba con seguridad y a mí no me parece mal que una exprimera dama tenga seguridad. Es parte de la seguridad que se brindaba a los expresidentes y lo que se está haciendo ahora es justamente proteger el núcleo familiar". 
"Hacer comparaciones con unos expresidentes actuales es un poco difícil porque de los tres que tenemos, constitucionales al menos, en vida, uno está preso; los otros dos sus padres ya fallecieron y tienen hijos mayores, entonces no podría hacer yo comparaciones con otros expresidentes. Lo que se quiere es formalizar lo que ya se viene brindando que es la seguridad al núcleo familiar de los expresidentes".

Según explicó a El Comercio el exministro del Interior y asesor presidencial en temas de seguridad Wilfredo Pedraza, actualmente los exgobernantes y sus cónyuges ya gozan de resguardo policial permanente; pero precisó que se suprimirá la seguridad para los padres de los exmandatarios de nuestro país a través de una resolución ministerial con precisiones para la referida norma.

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